La Fiscal General del “pues claro”

Dolores Delgado cumple todos los requisitos formales que marca la ley para ser Fiscal General del Estado, entre ellos el más importante: la voluntad del Presidente del Gobierno, que dispone del dedo “designador”. Así ha sido y así será con más o menos disimulo. ¿Es la fiscal Delgado la persona más idónea para el cargo? Sobre eso hay muchas opiniones, la mayoría desfavorables, pero no cuentan ya que la decisiva es la citada antes, la del Presidente que manda a la preceptiva firma del Rey la designación que más le gusta.

Los miembros del gabinete salen en su apoyo de su jefe con disciplina, entre otras razones porque son solidarios del nombramiento que se hizo y conoció antes de que el Consejo de Ministros celebrara su primera reunión. De manera que son solidarios por previo asentimiento, sin debate, lo cual no deja de ser normal aunque no sea estético. El cumplimiento formal de la ley no debe estar exento de un cumplimiento de fondo, pero esas son sutilezas que tienen que ver más con la ética y la estética que con la legalidad habitual en un país y una sociedad que antepone lo procesal y aparente al fondo de los temas.

Sostiene el presidente Sánchez que instruyó a su Fiscal General acerca de la independencia de su función. Es una afirmación que no se puede verificar y que, además, es improbable. Primero porque la propia Fiscal sabe bien, es de la carrera, la naturaleza de su independencia y segundo porque la preocupación del Jefe de Gobierno no está en la independencia de la Fiscalía, sino en aquella frase en Radio Nacional con pregunta incluida. ¿Quién nombra al Fiscal General?… Pues eso. De manera que la nueva Fiscal General que tomará posesión la próxima semana puede ostentar el alias de la “Fiscal… pues eso”.

Un alias que significa un reto para sus futuras actuaciones que estarán escrutadas por sus colegas, por la oposición y por la opinión pública bajo la sospecha de una independencia cuestionada. Al vicepresidente Iglesias le preocupa la reputación de la Justicia española que, en su opinión, ha sido cuestionada en Europa, lo cual mancha las credenciales democráticas. ¿Mancha también esas credenciales la preferencia del Gobierno por una Fiscal General que ha hecho activa campaña partidista días antes de su nombramiento?

Está reglado y asumido que los militares de carrera, por la propia naturaleza de su función, no participan en la política partidista hasta que se retiran y sin posibilidad de volver al ejército. Tiene mucho sentido. Pues tanto o más lo tiene que los jueces y fiscales (tercer poder del estado, más aún que el Ejército) tengan el mismo estatuto, sin puertas giratorias (esas que tanto inquietan al Vicepresidente segundo) para entrar y salir de la justicia a la política con consecuencias positivas para su progresión profesional.

Si jueces y fiscales se dejan seducir por la política, lo cual es muy legítimo, deberían saber que se cierra la puerta de regreso al Poder Judicial, por ética, estética y garantía de la separación de poderes. ¿Cómo es que ningún partido lo lleva en su programa, con lo fácil que es establecer esa incompatibilidad? Aquí sirve también la muletilla de Sánchez: “pues claro”.