El dictamen de la abogacía del Estado no es palabra de ley

¿Cuántos pleitos pierden los abogados del Estado? Demasiados, sobre todo cuando defienden al Estado (o cuando acusan en nombre del Estado). Puede que no tantos como ganan cuando ejercen la profesión en favor de otros intereses mejor remunerados. El cuerpo de abogados de Estado es de los llamados “altos cuerpos”, resultado de oposiciones exigentes, selectivas y beneficiados de una buena fama histórica, bien merecida, aunque declinante desde hace años. Una prueba fue el desempeño de la abogacía del Estado en el reciente juicio ante en la Sala Segunda del Supremo contra los insurgentes independentistas. Veteranos abogados del Estadio con trayectoria sintieron bochorno por la actuación de sus sucesores en un pleito tan importante. Frente a los fiscales y los abogados de los acusados el representante del Estado (Gobierno) parecía principiante; le salvó el pésimo papel de la acusación particular (VOX) que ejerció de algo previo a principiante con inane papel en el juicio.

En el Gobierno Rajoy (registrador de la propiedad) los abogados del Estado coparon puestos políticos clave; en principio parecía que eso sería garantía de legalidad, la realidad acredita que probablemente nunca un gobierno presentó proyectos legislativos más imperfectos, tediosos, ineficientes que durante esos años. Malos proyectos y peor tratamiento en el trámite legislativo, basta verificar las rectificaciones y correcciones que publicó el BOE.

Esta introducción me parece conveniente para valorar ese dictamen de la abogacía del Estado a petición de Hacienda para justificar la parálisis de los anticipos presupuestarios a las Comunidades Autónomas. El dictamen apareció a posteriori, no se ha divulgado (El País ha tenido acceso al informe) y los argumentos conocidos son tan consistentes como los contrarios. El redactor justifica lo que sostiene; pero, cabe sospechar, que si le hubieran pedido lo contrario también podía redactar otro dictamen contradictorio para que la superioridad (a su buen criterio) eligiera el que más le conviniera.

La irresponsabilidad de este (y el anterior) gobierno con la financiación autonómica (sanidad, educación…) es asombrosa. Utilizar los deberes administrativos como argumentos partidistas es desvergonzado, sobre todo porque evidencia un pésimo respeto al interés público y al sentido común.

Es previsible que algún gobierno autonómico recurra a los tribunales, al Supremo y al Constitucional, por esa conducta. Incluso es posible que gane el recurso, con consecuencias inútiles. Ya ocurrió hace un par de años con el gobierno interino de Rajoy cuando decidió no concurrir a las sesiones de control. Los jueces dictaminaron que debería hacerse sometido a ese trámite democrático y constitucional, pero demasiado tarde. Ahora el socialista Sánchez emula a Rajoy, al que antes criticó por lo que él hace ahora. Gentes sin fundamento, incoherentes y trapaceras.