El mercado del alquiler de viviendas

Uno de los mantras de Podemos tiene que ver con la vivienda, con los desahucios y con la escasez de viviendas asequibles, en venta o alquiler, para familias y personas con pocos recursos. Un argumento que colocan al amparo del artículo 47 de la Constitución (inscrito en el título I de derechos y deberes, capitulo 3º: principios rectores de la política económica u social). Un artículo que establece que “los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos proveerán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho regulando la utilización del suelo, de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

El mandato constitucional es bastante claro, no dice que los poderes públicos entregarán una vivienda a cada familia o ciudadano sino que deben promover las condiciones necesarias… Efectivamente el Estado, a través fundamentalmente de los gobiernos autonómicos y locales, interviene activamente, decisivamente, en el mercado de la vivienda desde la cruz a la raya: califica suelo, impone y recauda tasas e impuestos, otorga licencias de obra y habitabilidad, desarrolla infraestructuras y servicios (que cobra), incluso promueve edificios de viviendas con carácter social. En resumen, ordena, regula, vigila, autoriza, promueve… para que la iniciativa pública y privada despliegue un mercado eficaz de vivienda.

Por razones históricas y hasta idiosincrásicas, los españoles han valorado desde hace décadas la propiedad de la vivienda, incluso de una segunda residencia, como un objetivo vital. La vivienda entendida como una reserva de ahorro y de valor, como legado para los descendientes e incluso como signo de estatus. Una persona sin vivienda en propiedad parece sospechosa, inestable.

Setenta años atrás, durante a dura postguerra, el déficit de viviendas constituía uno de los problemas más acuciantes. Por eso el régimen franquista, además de constituir un ministerio de Vivienda que duró dos décadas (1957-77) y resucito Zapatero entre 2004-10) promovió una activa política de viviendas sociales que incrementó el parque especialmente en las ciudades; previamente el primer gobierno de Franco (gobierno de guerra) decretó la congelación del alquiler de viviendas con la consecuencia no buscada de sofocar ese mercado. Desde entonces España ha sido el país europeo con un porcentaje más bajo de oferta en alquiler (23% del parque, frente al 50% de los países centrales de Europa).

La aproximación de Podemos hacia el mercado del alquiler insiste en congelar los alquileres, especialmente en zonas de alta demanda y más presión sobre el precio. Franco, con autoridad militar y todos los poderes, lo intentó y fracasó con pésimas consecuencias para el futuro. Durante los últimos años, a pesar del desplome del mercado de viviendas que pudo haberse aprovechado para promover viviendas sociales en alquiler, nada se ha hecho para aumentar la oferta que es el único camino eficaz para moderar los precios.

A los poderes públicos les corresponde (mandato del 47 de la CE) PROMOVER las condiciones para que los españoles dispongan de vivienda digna y adecuada. Y no promueve, muchas palabras y declaraciones pero pocos hechos. Mucho suelo disponible pero mal aprovechado; muchos impuestos, y pocos estímulos efectivos.