El patrimonio de los diputados y los mirones

Como respuesta y medicina preventiva frente a la corrupción sucesivos gobiernos han desplegado una serie de medidas legales bajo el paraguas de la transparencia que pretenden evitar las tentaciones. No hay evidencia empírica sobre la eficacia de esas medidas, que van de la declaración pública de bienes de los altos cargos y diputados a incompatibilidades laborales. Pero dan la apariencia de prevención sin calcular las consecuencias no buscadas que pueden ser perversas y sin acreditar que los potenciales corruptos se vayan a desanimar o tropiecen con dificultades claras para sus fechorías.

Esta semana el Congreso ha empezado a publicar las declaraciones de bienes de los diputados abriendo la expectativa de los “mirones” para escrutar qué diputado es más rico o más pobre, cuando cobran, que viviendas y bienes poseen a su nombre…. En resumen un ejercicio que va contra la intimidad personal sin producir bien público alguno.

La intimidad es un derecho relativo, depende sobre qué o sobre quién; no tiene la misma intensidad para proteger a una persona privada que a otra con proyección pública. Pero por debilitada que quede no anula la intimidad.

Hay procedimientos más discretos y efectivos para introducir modelos de transparencia sobre el patrimonio de políticos y altos cargos sin necesidad de exhibirlos en la plaza pública listos para elaborar rankings y otros juegos más o menos divertidos. Por ejemplo una comisión parlamentaria, incluso una formada por magistrados independientes, podría recibir la encomienda de la custodiar de las declaraciones de intereses y patrimonios de los elegidos o designados antes y después de ocupar el cargo. Habría razonables garantías de intimidad que solo se levantarían en caso de detectar irregularidad.

Una de las consecuencias perversas de estas medidas es el desincentivo que producen a personas que pudiendo dedicarse a la función pública con voluntad de servir y no de hacer carrera o obtener un empleo no lo hacen por la exhibición que se les exige. Hoy llama la atención que un diputado con una muy brillante carrera en una de las mayores multinacionales del mundo haya acumulado un patrimonio llamativo y justificable. Otro sí respecto a las incompatibilidades que con la denominación perversa de “puerta giratoria” (una palabra que suena mal) alientan carreras políticas profesionales y desalientan la dedicación a la política de profesionales competentes.

Lo grave de todo esto es que conspira directamente con el principio de la presunción de inocencia. La mayor parte de los seres humanos son cumplidores, incluso virtuosos. La existencia de conductas irregulares, incluso delictivas, es lo excepcional y por ello no se puede colocar bajo observación a vigilancia a todos los demás. La pasión por husmear en la intimidad forma parte de la zona oscura de las personas, y facilitar esa pasión es un error con más inconvenientes que ventajas.

Además el formulario de las declaraciones de intereses de altos cargos y parlamentarios tiene agujeros e inconsistencias, son complicadas, utilizan valores discutibles y, muy probablemente, no significan desincentivo alguno para los corruptos, que por su propio naturaleza camuflan sus beneficios indebidos. Burocracia inútil.