Los embrollos del Supremo

Supremo

Cuando escribo esta nota ignoro si la Sala tercera del Supremo ha resuelto el embrollo hipotecario que han creado los propios magistrados. Hagan lo que hagan habrá insatisfacción y escándalo social porque las expectativas levantadas por unas sentencias que anulan el artículo 68 del Reglamento del Impuestos sobre trasmisiones patrimoniales y Actos jurídicos documentados (ITPAJD) vigente desde 1995. Un artículo que desarrollaba (y confundía) el artículo 29 de la Ley reguladora de ese impuesto. El decreto lo firmó el ministro Pedro Solbes, previo dictamen del Consejo de Estado y aprobación del consejo de Ministros.

La ley de dice: “será sujeto  pasivo (del impuesto) el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales o aquello en cuyo interés se expidan”. Y el reglamento concretó: “cuando se trate de escrituras de constitución de préstamos con garantía se considerará adquirente al prestatario”. Y con esos mimbres el sistema  hipotecario, en lo que concierne al ITPAJ, ha funcionado durante 23 años, y así lo hizo antes y así funciona en otros países europeos con procedimientos equivalentes.

Interpretar ahora que el 68 del Reglamento fue más allá que la ley, que esta aludía en la segunda parte de su enunciado (en su defecto) al interesado en el documento a inscribir y que ese interesado es el prestamista significa un vuelco radical en la práctica e incluso en la doctrina previa del Supremo.

Los firmantes de esa sentencia (de hecho tres sentencias que sientan jurisprudencia y son cosa juzgada) son personas bien equipadas en lo jurídico y en sentido común, por lo cual debían ser conscientes de lo que significaba su interpretación. No hay constancia de que lo fueran. Sobre todo cuando dejaron abiertas las consecuencias, sobre todo en lo referido a su retroactividad.

Aunque nada aclararon en ese sentido la opinión pública recibió inmediatamente el mensaje de que los firmantes de hipotecas desde hace muchos años podían recuperar a su favor el dinero pagado por ese impuesto y que quien debía poner el dinero no eran otros que los bancos. Bancos versus ciudadanos, malos y buenos, los que tienen frente a los que no tienen… el embrollo quedó servido antes de que los jueces aclararan los efectos y consecuencias de la interpretación de una norma de bajo rango, un reglamento.

Ni prestamistas ni prestatarios tienen que ver con el asunto, unos y otros hicieron lo que la norma indicaba, aunque esa norma sea ahora anulada. El mal está en la norma, en quien la redactó y aprobó, es decir el gobierno de aquel momento. Nadie ha apuntado que habría que reclamar  al redactor (los servicios jurídicos del ministerio de Economía) y a quienes revisaron (Consejo de Estado) y aprobaron la norma (comision delegada y consejo de ministros. Con un agravante el beneficiario del impuesto es la Comunidad Autónoma correspondiente que ni redactó la norma ni la interpreta.

El embrollo lo ha armado el Supremo y a la hora de aclararlo hay muchas probabilidades de que lo embrolle todavía más, arrastrado muchísimos recursos, por si suena la flauta, que recorrerán toda la escala judicial hasta llegar algún día a Europa donde puede ocurrir cualquier cosa. La interpretación que han  hecho los magistrados de interesado en la inscripción es de notable sutileza, han afeitado un huevo, han hecho historia (con atrabiliarios efectos) y han creado alarma social, malestar, confrontación, es decir todo lo contrario de lo que persigue el derecho y el buen juez, el prudente y pacífico. En resumen un embrollo del que solo se puede salir…  malamente.

Sobre el autor de esta publicación