Hipotecas: cualquier salida es mala

Interpretar la incompleta y novedosa sentencia nº 1050/2018 de sección 2ª de la Sala 3ª del Supremo sobre la formalización de créditos hipotecarios supone una tarea de la que el poder judicial va a salir malparado haga lo que haga; tendrán que agudizar el ingenio y la sutiliza jurídica para salir del embrollo sin dejar pelos en la gatera, sin hacer un nuevo agujero a la reputación de los jueces. Lo peor de la sentencia es la ambigüedad que introduce a la hora de aplicarla, algo que debía haber contado en el análisis del ponente y de los otros cinco magistrados de la sección. Cuando el Supremo crea legislación, que es una tarea sobrevenida a la función judicial en cuanto que corrige o rectifica al legislativo, tiene el deber de ser ponderado, cauteloso y efectivo.

Dejar abierto en la sentencia la retroactividad de sus efectos no es serio, entre otras razones porque abre la puerta a millares de pleitos que pueden volver a poner patas arribas (una vez más) el funcionamiento del sistema. Si la sentencia hubiera resuelto la ambigüedad detectada (y discutible) en el reglamento hipotecario sobre quien es el beneficiario y titular de la inscripción registral convertido en sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados no estaríamos ante un problema de magnitud que solo se podrá calcular a posteriori, cuando se conozcan los efectos, incluidos los no buscados e imaginados.

El problema se complica por las expectativas despertadas entre millones de ciudadanos que en su día asumieron de buena fe el coste de ese impuesto. A esos ciudadanos se les ha dicho que van a poder recuperar unos pocos miles de euros y que se los van a devolver esos malvados bancos que están en la raíz de la crisis. Retroceder esa promesa tan ilusionante no será gratis, es gasolina para el populismo y la frustración, para discursos muy poco documentados pero que crean opinión porque son fáciles y cómodos para interpretar la realidad.

Si el Supremo retrocede la sentencia con el ingenioso procedimiento que elabore a lo largo de los próximos días la interpretación popular será que el poder judicial se somete a los poderes económicos-financieros y que carece de independencia. Si el Supremo confirma la sentencia y entra en la clarificación de su alcance, es decir en como ejecutarla y quien puede utilizarla la interpretación tampoco será amable y corre  algunos riesgos de tropezar por el camino.

Se han levantado demasiadas expectativas a muchos ciudadanos antes de tiempo. Además parece complicado satisfacerlas ya que en unos casos habrá que recurrir a las administraciones tributarias, que a su vez tendrá que identificar el sujeto tributario para reclamar. Y en otros casos el recurso será a los tribunales… en resumen  un galimatías.

Todo ello porque la ley es confusa, ambigua, interpretable… lo cual es responsabilidad del legislador que es testigo irresponsable; más aun parece atascado con una nueva ley hipotecaria, requerida por la unión Europa, que debería servir para clarificar, para dar seguridad a todos los agentes: a los financiadores (que detrás tienen accionistas y depositantes) y a los financiados.