El poder y la reputación de los bancos decae en los juzgados

Cuando los bancos empezaron a recibir demandas por cláusulas abusivas en sus contratos de préstamo hipotecario no imaginaron la que se les venía encima. Los servicios jurídicos de cada entidad, bien dotados de letrados experimentados, estimaron que podían hacer frente a esas reclamaciones y que los jueces les darían la razón. No veían abusos, solo cautelas en unos contratos a muy largo plazo (hasta 40 años) con incertidumbres de todo tipo, de tipos de interés, de modelos de negocio, de avatares en la vida de prestamista y prestatario…

Así que mientras en cada banco varias miradas cautelosas  escribían con exceso de celo clausulas más o menos abstrusas y complejas, para cubrir cualquier contingencia, los clientes no podían hacer algo semejante por manifiesta asimetría. El cliente quería el crédito solicitado y asumía las condiciones sin entrar en detalles, les valía con conocer la cuota mensual  inmediata, hasta la renovación del tipo de referencia. Y los bancos trasladaban al cliente todos los costes (incluidos impuestos) con la interpretación de que el “beneficiado” era el cliente y que a él le correspondían los gastos.

Pero los clientes, o algunos de ellos, se volvieron recelosos, y algunos letrados avispados, encontraron las grietas en esos contratos hipotecarios (más de siete millones de operaciones vivas desde hace décadas) bien por redacciones ambiguas de las normas, bien por nuevos estados de opinión en los tribunales a la hora de interpretan la literatura legal vigente. De manera que los agujeros de las normas y de los contratos han habilitado unas reclamaciones mayúsculas.

Lo más llamativo en este conflicto de los derechos/deberes del contrato hipotecario, que viene ocupando a los tribunales desde hace más de una década, es que los bancos pierden por abrumadora goleada. Sus letrados no ganan los pleitos esenciales y el coste de las reclamaciones se convierten en una amenaza a sus cuentas. El volumen de las reclamaciones es sustancial, afecta a varios ejercicios y puede suponer costes nunca previstos, ya incurridos y no compensables ni recuperables.

Los banqueros tendrán que examinar su conducta y procedimientos, ¿cómo han llegado a una situación tan inesperada, tan inimaginable años atrás?, ¿cómo explicar que unos clientes anónimos con letrados poco conocidos, ganan todos los pleitos frente a despachos muy destacados y equipos jurídicos experimentados y costosos? ¿A quién hay que endosar la responsabilidad de los errores, interpretados como abusos por los jueces?

Colocados en esta dinámica, pudiera ocurrir que algún accionista avispado de esos mismos bancos reclame a sus directivos por mala práctica ante errores tan flagrantes como los que afectan a las hipotecas, el producto financiero más importante y efectivo de su negocio.

Aunque hay muchos argumentos para poner en valor el sistema hipotecario español que ha hecho posible que en España el acceso a la propiedad de la vivienda alcance los índices más altos del mundo, los agujeros del sistema abiertos por demasiadas sentencias que califican de abusivos los contratos hipotecarios y que fuerzan a una revisión a fondo del soporte jurídico y formal de esos créditos.

En el Parlamento duerme una reforma forzada por las autoridades europeas (por sentencias y por directivas de obligada trasposición) que debería entrar en vigor para introducir garantías y seguridad a los protagonistas de ese mercado, al que presta y al que se endeuda. Sin seguridad no hay confianza, ni serenidad, ni eficacia. Los traspiés judiciales, las sentencias que reconocen abusos, son demasiado graves como para que nadie asuma responsabilidades, de explicaciones y reconstruya el sistema para que no vuelva a ocurrir algo semejante.