Gobierno: rectificación sin atrición ni contrición

Subía la marea del pleito en Bruselas de “Puigdemont y otros vs. Llarena” y el presidente Sánchez, quizá sus asesores de imagen, temieron perder pie a la vista de la críticas a su indiferencia ante el caso. Así que tocó rectificar de inmediato y así se hizo el domingo a media tarde. La ministra de Justicia se rectificó a si misma, sin rubor, en Radio nacional anunciando que el Estado intervendrá en Bruselas para defender al juez y a la jurisdicción española hasta “sus últimas consecuencias”. No hay cambio de posición, sostiene la ministra, solo que se ha estudiado a fondo que debía hacer el gobierno. Pero la vicepresidenta Calvo el pasado viernes, en Moncloa y tras la reunión el Consejo de Ministros, dijo que la defensa del caso corresponde al Consejo del poder judicial, que era como llamarse andana, es decir no asumir responsabilidad y deber alguno.

La rectificación es táctica y comercial /marketing, carece de atrición (pesar por el error) y tampoco muestra contrición (arrepentimiento) ya que no asumen que hubo error. La cuestión ahora es como irá el gobierno “hasta las últimas consecuencias”. Porque no se trata, simplemente, de contratar un abogado en Bruselas para actuar en representación del juez (y de la Justicia española ya que no solo el juez Llarena el que ha dictado autos, sino que hay otros jueces en el Supremo que han ratificado las actuaciones del instructor, y en la Audiencia Nacional y los tribunales catalanes otros magistrados van por la misma senda que Llarena, incluso antes de que él iniciara sus actuaciones.

La querella de Puigdemont y otros aunque se presenta contra Llarena a quien acusa es a los jueces españoles y al España calificada de estrado casi fallido, sin separación de poderes ni seguridad jurídica. Para ratificarlo basta escuchar al diputado indepe Rufián que reitera ese argumento para criticar la decisión del gobierno.

Además de contratar un abogado belga por razones procesales, ya que es quien puede actuar en el acto previo a la tramitación de la querella personándose en la misma, lo que está en cuestión es la argumentación del Estado española descalificando la querella, desenmascarándola, advirtiendo al juez belga que intervenga de la manipulación y abuso de la justicia que significa la querella que es un disparate jurídico.

La tibieza del gobierno en este caso revela error de diagnóstico del problema catalán, tan grave, aunque por distintas razones, como el cometido por el gobierno Rajoy con una pasividad e indiferencia frente a la estrategia “indepe” difícil de entender y justificar a la vista de los hechos y de su fracaso. Unos tan poco y otros tan mal, los “indepes” siguen gozando del dominio de la agenda y de los efectos especiales, de la propaganda.