Inconsistencia judicial en el Caso “Fariña”

Fariña

El mismo juzgado que ordenó el secuestro cautelar de “Fariña”, aunque con distinta juez, rechaza ahora la querella y condena a pagar las costas al demandante. Previamente la Audiencia había suspendido el secuestro. Ahora caben recursos del demandante ante instancias superiores, aunque se tentará la ropa ante la condena de costas que si vuelve a repetirse pueden suponer un pico. El caso tiene interés para extraer  conclusiones generales de mayor calado que han pasado demasiado desapercibidas en los medios, a pesar de que éstos (y los periodistas y editores) están afectados  por aquello de las barbas del vecino.

El secuestro judicial de un libro o de una publicación periódica (diario, revista, digital...) es un hecho excepcional que requiere justificación muy clara y contundente, al margen de su propia viabilidad y eficacia. De hecho desde que la entrada en vigor de la Constitución apenas hay casos de “secuestros” y cuando se han producido han sido revocados en cuanto los recursos han escalado.

La doctrina sobre la libertad de información y expresión y los riesgos que supone coartarla (que siendo posible es poco aconsejable)  es amplia y clara. El bien a proteger, el derecho del ciudadano a saber, domina a otros derechos individuales, especialmente el derecho al honor y la injuria y la calumnia que tienen tratamiento penal. Se puede argumentar sobre los límites de esos derechos pero hay que hacerlo con profundidad porque la doctrina dominante es, hasta ahora, contundente.

La juez de Collado Villalba que ordenó el secuestro cautelar del libro “Fariña” llegó demasiado lejos, su argumentación fue discutible y discutida y, como era previsible, decayó en el primer recurso a tribunal superior. Ahora, en el mismo juzgado, con una juez sustituta, la querella ha ido rechazada con buenos argumentos. Y para remachar la posición el demandante ha sido condenado a pagar las costas. Si hay recursos posteriores a tribunales superiores  sospecho que el caso irá por el mismo derrotero, entre otras razones porque los argumentos del querellante, el señor Goa Gondar, son poco consistentes; su pretensión de honor tiene un fundamento débil mientras que los argumentos y datos del autor del libro son muy consistentes.

El caso apela a la formación de los jueces de primera instancia ante estos casos de conflicto de libertades. ¿Estudiaron en la Escuela Judicial la doctrina del Supremo y el Constitucional? ¿Trabajaron sobre casos prácticos y teóricos para estar prevenidos y bien equipados para gestionar estos casos? La primera juez con su auto de secuestro hizo historia sobre la materia, quizá sin plena consciencia de la puerta que estaba abriendo.

No estaría de sobra que desde las organizaciones profesionales de editores y periodistas se analizara el caso  el profundidad y se instruyera a jueces y fiscales, y al público interesado, sobre el alcance de estos derechos en conflicto (libertad, intimidad, honor, verdad…) porque en esta etapa de mentiras, intoxicaciones y averías semejantes convendría definir mejor los perfiles, alertar sobre los excesos en uno u otro sentido y razonar sobre las sanciones que merecen quienes se exceden por abuso o desprecio del derecho.

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