PIB: los vientos de cola empujan menos

El precio del petróleo prosigue una escalada que en poco menos ha evolucionado de una media en torno a 50$/barril el pasado año a los casi 80$ de esta semana. Se trata del aumento de un coste que afecta a todos los epígrafes del sistema económico que resta crecimiento, que añade inflación y que reduce la competitividad; afecta a la balanza de pagos y a la financiación. En resumen resta intensidad a uno de los vectores de los llamados “vientos de cola” que animan el crecimiento como factor externo y no controlable. El otro gran vector de esos “vientos de cola” lo gestiona el Banco Central Europeo que dirige la política monetaria, es decir la cantidad y el precio del crédito. Y ese vector sabemos que va a cambiar de la actual política acomodaticia a otra neutral e incluso activista si repunta la inflación. Pero ese cambio se va a tomar tiempo, no es probable que el BCE concluya las compras de deuda (cantidad de dinero disponible) antes de otoño y que inicie la subida de tipos, cuarto a cuarto, antes de mediados de 2019. Pero el temor a las consecuencias del cambio de sesgo monetario se notará antes de que se produzca.

Estos dos factores (además de los riesgos geopolíticos que se apellidan Italia, Corea, Irán, México, Argentina…) advierten de mayores dificultades para el crecimiento y para la estabilidad macro, lo cual se trasladará a la creación de empleo, a la deuda y el déficit, a los salarios, a la confianza, al crecimiento… y a las posibilidades de reducir las desigualdades.

¿Quiere esto decir que va a concluir la fase de recuperación con crecimiento? No necesariamente, pero es obvio que se complica y que lo que hace unas semanas parecía posible se hace menos posible. Lo razonable sería poner las barbas a remojar, prevenir la caída de las expectativas con medidas que palien y compensen la pérdida de fuerza de los vientos de cola.

¿Está en ello el Gobierno? No hay constancia, no ha emitido ninguna señal en ese sentido, por el contrario el Presidente reitera en sus reiteradas intervenciones públicas que todo va bien, mucho mejor que los demás países. De alguna manera me recuerda Zapatero cuando entre 2007 y 2009 prohibió que en si entorno se pronunciara la palabra “crisis”. Tampoco se percibe en el debate público una preocupación mayor de la habitual estos últimos meses por las perspectivas económicas; a los ciudadanos les preocupa más la crisis política, la corrupción y el embrollo catalán, que la falta de respuesta a los avatares de la coyuntura económica. Les preocupa el empleo y el estado de bienestar, como siempre les ha preocupado, pero no hay inquietud renovada por la pérdida de velocidad en el crecimiento.

La crisis catalana y el agobio político que produce  resta atención a la gestión de la economía. Lo dominante ahora es la reivindicación de ventajas, de gasto público con la evidente complicidad de los gobiernos que no quieren dar malas noticias ni requerir prudencia a una ciudadanía cabreada con buenos motivos.

Los últimos datos de inflación (1,1% en tasa interanual en abril) son tranquilizadores, pero el incremento de precio del barril amenaza ese dato que puede engordar un punto si no hay medidas compensatorias a corto plazo y, sobre todo, a medio y largo plazo. España no puede seguir sin enfrentarse a los riesgos de una dependencia energética crónica. Tiene que poner orden en los precios de la electricidad que tanto afectan a las economías familiares (aunque tan poco a las cuentas globales del sector) con impacto directo en el IPC.

El lucro cesante que produce la crisis catalana significa un coste de difícil evaluación pero demasiado elevado. Y no vale aquello de que hay personas que no pueden caminar y mascar chicle, al gobierno hay que exigirle que afronte la crisis catalana sin perder de vista la gestión de la economía.