La artimaña del “imperativo legal”

Batasunos, podemitas, independentistas… utilizan la fórmula del “imperativo legal”  para cumplir el compromiso de lealtad constitucional y al estado de derecho pero con vicio de consentimiento; juran o prometen porque hay que hacerlo para ocupar un cargo que compromete a cumplir y hacer cumplir con la legalidad. Esas tres palabras “por imperativo legal” u otras fórmulas más floridas u ocurrentes que han utilizado algunos con la misma pretensión, de hecho no significan otra cosa que “vicio de consentimiento” es decir promesa para no cumplir. El único valor que tiene es que advierten que mienten que consideran una farsa la promesa.

Con esa misma lógica el acto no debería producir el efecto buscado, es decir habilitar para el ejercicio de un cargo con todas sus consecuencias, incluidas las remuneraciones y otros beneficios. Por imperativo legal actuamos en lo cotidiano, conducimos automóviles por la derecha, cruzamos por los pasos de cebra… lo hacemos porque lo mando la ley y nos sentimos obligados a hacerlo.

El señor Puigdemont, prófugo de la justicia, pretende gobernar, representar al Estado de forma irregular. Felipe González ridiculiza la pretensión del presidente destituido con el argumento de que se podía designar a un elefante, como no lo prohíbe el reglamento puede hacerse. Para conseguir su objetivo Puigdemont ha declarado por escrito al reclamar su acta de diputado autonómico que acata la Constitución, pero como no la acta (lo cual es público y notorio) se escuda en la artimaña, falsaria, del “imperativo legal”.

En resumen, una tomadura de pelo, una burla más de los secesionistas que se imaginan “astutos” para burlar la legalidad, con un asombroso supremacismo intolerable que les lleva a pensar que son gentes por encima de la ley, buenas gentes en la escala de valores del creyente y practicante Junqueras.

La democracia siempre ha sido generosa, y el estado de derecho templado y complaciente con los que le desafían, quizá porque sentimiento de superioridad moral, que la tiene, porque está asistido por la razón y por la libertad. Pero hay un punto en el que esa templanza y tolerancia se instalan en lo absurdo. Más valdría retirar la fórmula del acatamiento constitucional para aceptar un cargo político que amparar la farsa, en realidad la traición.

Algunos “estados de derecho” muy consolidados, europeos, tienen en vigor normas que colocan fuera de la ley aquellas actividades u organizaciones que pretenden destruir el orden constitucional de forma unilateral, al margen de los procesos previstos de reforma. Están en su derecho de hacerlo, no merman su pasión por la libertad y la democracia. Prevenirse de quien quiere destruirte es legítimo, incluso puede ser una obligación. Abatir esa defensa también es legítimo pero sin tomadura de pelo, sin engaños ni farsas. Que les den el acta sin prometer nada que no vayan a cumplir, es más auténtico.