El cupo vasco tiene votos en contra

Urkullu

Esta semana pasará por el Congreso, por procedimiento de urgencia y lectura única que no admite enmiendas parciales, la Ley del Cupo Vasco que fija las relaciones del territorio foral vasco con la Hacienda española (el territorio común) para el período 2017-21. Una ley que concreta y consolida el modelo del Conciertan que reconoció y consagró la Constitución de 1978 en su disposición adicional primera. Ningún gobierno (ni UCD, ni PSOE ni PP) han cuestionado el Concierto, al tiempo que se han esmerado para explicar en Bruselas que el modelo foral del concierto es compatible con los principios de igualdad y equidad fiscal.

Al mantenimiento de la foralidad para Navarra y Álava (que Franco respetó por la lealtad de ambas diputaciones al golpe contra la República) la democracia añadió la devolución del modelo a las otras dos provincias vascas (Vizcaya y Guipúzcoa) que el franquismo calificó de traidoras. El Concierto establece que la fiscalidad foral será “equivalente” a la común pero otorga la gestión de los impuestos a las diputaciones forales que se han esmerado de mantener su competencia y su fuero incluso frente al Gobierno vasco que en algunos momentos ha intentado ganar competencias frente a las diputaciones.

El Concierto goza de la complicidad de todo el arco parlamentario vasco y navarro, de la derecha a la izquierda, de los independentistas a los constitucionalistas. Tocar el fuero es tocar el nervio de vascos y navarros. Y explicar ese fuero tiene su dificultad que se sustancia con el argumento de un “derecho histórico”, reforzado por la tesis de que ellos gestionan mejor. La realidad es que las cuatro administraciones forales, cada cual a su manera, presentan buenos perfiles tanto de gestión como de recaudación, y gozan de buena imagen entre sus contribuyentes.

Sobre el tema de fondo, lo que el modelo puede tener de “igualitario y equitativo” respecto a la fiscalidad común, la del resto de España, se evita el debate para evitar tensiones territoriales. Los dos grandes partidos, PP y PSOE, con implantación en el País Vasco y Navarra (decreciente en lo que va de siglo) nunca han cuestionado el modelo.

Ciudadanos es el único grupo parlamentarios (como UPyD, en su día) que han cuestionado abiertamente el modelo foral y que van a votar en contra el jueves de la ley “urgente” que con mucho retraso mandó el Gobierno a la Cámara como parte del pacto con el PNV para aprobar los Presupuestos de 2017. El jueves el debate será corto y seco, a la posición de Ciudadanos se une ahora la del grupo valenciano Compromís, que forma parte del universo Podemos, aunque con agenda propia. En su caso quieren que se visualice su reivindicación (que secundan otros grupos) de la infrafinanciación de Valencia en el actual modelo autonómico.

La reivindicación valenciana tiene fundamento, calculan que los territorios forales tienen del orden de 2.000 euros más por persona que la Comunidad valenciana. Rectificar esa diferencia, que es muy poco constitucional,  es una de las tareas críticas para el nuevo modelo de financiación autonómica que inquieta a los catalanes, que quieren un Concierto propio, y moviliza a los ciudadanos de comunidades que se sienten maltratadas. El PNV quiere pasar la ley con discreción y sin hacer olas, sin activar un debate  incómodo para ellos, pero también para los partidos llamados de gobierno que siempre tienen tareas más urgentes que el debate sobre la singularidad foral.

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