Llarena y el Supremo juzgarán el ‘procés’

Taza a taza el juez Llarena se acredita como el personaje judicial del año, en su papel de instructor principal del “caso proces”. Un instructor infrecuente ya que los magistrados del Supremo no suelen actuar como instructores de casos tan mediáticos como el que le ha tocado. Como precedente puede servir el caso Filesa que el sistema de insaculación adjudicó al profesor Marino Barbero, un magistrado sin experiencia procesal que llevó el caso con más controversia que intensidad. No es el caso de Llarena que es un juez con experiencia y al no parece que vayan a torearle ni la fiscalía ni las defensas ni los, por ahora, investigados.

Llarena actúa con seguridad, con cautela procesal, dando tiempo a las partes para evitar incidentes en el procedimiento. Se propone acumular en su oficina toda la instrucción por el “proces” que anda dispersa por juzgados de primera instancia, en la Audiencia Nacional y en Tribunal Superior de Cataluña. Para algunos abogados de los investigados el Supremo les ofrece garantías, aunque otros preferirían la cercanía del Superior de Barcelona. En el Supremo se van a jugar la condena a una carta ya que los posibles recursos posteriores  al Constitucional y a Estrasburgo (es previsible que el caso recorra toda la escala con o sin fundamento) son escenarios de importancia muy relativa.

Llarena ha acreditado tolerancia formal, otorga plazos y evita una instrucción atropellada o confusa. Y ha empezado, tras las primeras declaraciones y medidas cautelares, pudiendo informe a la jueza de la Audiencia Nacional que investiga al gobierno de la Generalitat por los mismos hechos, antes de acumular el caso. Una facultad que le otorgó la sala segunda del Supremo  en el auto de 31 de octubre que admitió la querella formulada por el Fiscal General del Estado el día anterior contra parte de la mesa del Parlamento de Cataluña con acusación de posible “rebelión, sedición y malversación”. Además de admitir y encargar a Llarena la instrucción la sala señaló que si el instructor “lo considera oportuno” puede reclamar de otros juzgados las “causas penales en tramitación que puedan referirse a hechos inescindibles respecto a los que se han atribuoido a los querellados”.

Parece evidente que Llarena va a acumular las causas y va a ser el instructor del “proces”, que ya empezó a calificaren su auto del pasado día 9. La causa avanza pues con celeridad y es previsible que a finales de la próxima semana la oficina de Llarena disponga de toda la documentación acumulada en los distintos juzgados. El instructor tomará declaraciones a los demás investigados, escuchará a fiscales y abogados y, con ese material, revisará las medidas cautelares que mandaron a la cárcel  a los destituidos miembros del gobierno de la Generalitat que no están huidos.

A partir de ese momento el instructor empezará a trabajar para concluir con una acusación que trasladará a la sala  de lo penal para el correspondiente juicio. La instrucción tomará su tiempo aunque no parece  que vaya a eternizarse ya que los hechos son claros, las pruebas fáciles de obtener y las declaraciones, informes, acusaciones y defensas no llevarán mucho tiempo.

Varios de investigados antes de ganar la condición de procesados y acusados habrán concurrido a las elecciones del 21 de diciembre y obtenido  acta de diputado que les otorgará algunos privilegios que pueden retrasar pero no paralizar la investigación. Si son condenados perderán la condición de diputados, aunque es razonable imaginar que si fueran procesados dimitirían de inmediato por ética y estética.

Junqueras y Puigdemont tratan de razonar estos días que ellos son buena gente, que no son delincuentes, ni maleantes y que su caso es política. El argumento es tramposo, delincuente es el que incumple la ley, y que estos investigados han violado la ley, con conciencia y premeditación, es más que evidente. A Llarena le toca explicar y calificar, para que en el juicio oral, público y con plenas garantías, una sala de  tres o más magistrados dicte sentencia. A lo largo de todo el procedimiento la justicia española debe acreditar serenidad, imparcialidad y firmeza.