No es Franco, son jueces y fiscales

Los secesionistas han venido construyendo su caso con minuciosidad desde hace meses, incluso varios años. Había que aprovechar la debilidad del estado y dar un golpe de audacia; lo cual pasa por construir un relato movilizador, reforzar las organizaciones agitadoras y elegir el momento con las variantes necesarias para superar obstáculos. Una de las piezas del proceso se llama propaganda y pasa por nombrar cada paso y cada fenómeno. Es admirable cómo el relato de los secesionistas ha calado en las televisiones nacionales, en teoría nada favorables al proceso. Pero cada telediario evidencia qué argumentario resulta dominante. Las mentiras flagrantes de Puigdemont, Forcadell y demás compañeros de aventura, pancarta y balcón no reciben réplica en las múltiples entrevistas ante las cámaras que discurren por donde quieren los entrevistados.

Uno de los ejes de la propaganda de estos días es resucitar a Franco y el franquismo para calificar a cuantos defienden la Constitución. Lo más alarmante o decepcionante es que gentes de la izquierda, ofuscadas por acabar con Rajoy, compren ese mensaje la excusa tramposa y mendaz de que defienden la democracia.

Los que, por ahora, han confrontado a los secesionistas son algunos jueces y fiscales, que aplican las leyes, que cumplen con su deber y actúan en consecuencia. El franquismo fue golpista y nada constitucional, en eso si se les parecen los secesionistas. Claro que de casta le viene al galgo porque los secesionistas catalanes de hace ochenta años, abuelos o bisabuelos de los actuales, también fueron contra la Constitución de la II República (esa que tanto añoran algunos ofuscados).

Puigdemont debe soñar con emular a Luis Companys, al que la República hizo ministro de Marina en Madrid durante cien días (verano de 1933) en un gobierno encabezado por Azaña. El 6 de octubre de 1934, coincidiendo con el intento de revolución llamada del 34, Companys, presidente de la Generalitat desde primeros de años, proclamó de forma unilateral el estado catalán desarticulado, por orden del gobierno de la II República Española, por el general Goded. La Republica asumió el gobierno catalán con un coronel de intendencia al frente del mismo, suspendió la autonomía y encarceló al gobierno golpista (Companys incluido) que fue condenado en junio de 1935 a prisión (30 años) por el Tribunal de Garantías. Un año después llegó un indulto.

¿Se repetirá la historia con los ajustes propios de este tiempo? ¿Asumirán uno o varios jueces el papel de Goded (a quien luego fusilaría el golpe de Franco) en la defensa de la Constitución? ¿Habrá condenas ejemplares a los sediciosos e indultos posteriores? ¿Saldrá perjudicado el autogobierno catalán por este avatar? Las respuestas las conoceremos en breve porque la bola está rodando. La comparación no es con Franco, ni siquiera con la II República, ahora las cosas van más pacíficas y burocráticas, va de jueces y fiscales.