La Fiscalía ante los hechos consumados

En Cataluña avanza la puja de los hechos consumados hasta que alguno de los contendientes pestañee y baje la mirada. En estas horas el rodillo del “referéndum a cualquier precio” que empujan los sediciosos independentistas no muestra vacilación, aunque responda a una táctica calculada. Esta semana han colocado en el foco central a los alcaldes independentistas, que no son pocos. Y desde el gobierno la respuesta la protagoniza la Fiscalía con el argumento del cumplimiento de la legislación vigente, reforzada por las decisiones del Constitucional.

Citar a declarar ante la Fiscalía a setecientos alcaldes parece excesivo por la complicación operativa que supone, aunque hay que suponer que las citaciones se administrarán con eficacia y ponderación. Cabe esperar que habrá citados que opten por la desobediencia con argucias procesales más o menos calculadas. Y otros que comparezcan con la procesión habitual de apoyo popular que está entrenado. En cualquier caso el procedimiento será complejo e incierto.

Sorprende que el foco judicial se centre primero en los alcaldes, que apenas han actuado, y no en el gobierno y la mesa del Parlamento que suman actos positivos sediciosos conocidos y acreditados. El propio Tribunal Constitucional tiene pruebas claras de desobediencia y cuenta con poder legal suficiente para iniciar procedimientos concretos mejor dirigidos.

El debate parlamentario es inútil, mera retórica tal y como ha quedado acreditado en las dos sesiones plenarias de Congreso y Senado esta semana. Escuchar a un diputado tan sensato como Campuzano argumentar que en vez de ordenar a la policía conducir a los alcaldes ante el fiscal lo que debe hacer la policía es perseguir el terrorismo, produce sonrojo y evidencia el despropósito de los sediciosos. Hoy las apelaciones al dialogo suenan vacuas, para que haya diálogo se precisa voluntad y ausencia de imposiciones previas, y eso hoy no es posible y no es probable que pueda ocurrir sin unas elecciones previas que conformen otro mapa parlamentario, no solo en Cataluña.

¿Hasta dónde quieren llegar  los secesionistas? ¿Imaginan que el Gobierno va a ceder a sus pretensiones o que sus actuaciones van a quedar impunes? A la vista de las mentiras y las bravatas que hemos escuchado estos días hay que pensar que esta gente está dispuesta a subir su apuesta hasta el límite confiando que en el borde del abismo el Estado ceda a sus pretensiones y les permita salvar la cara con un apaño de última hora.

El Rey fijó una primera posición ayer en el primer acto público programado con el argumento de la vigencia constitucional. No podía ser de otra manera, no podía ignorar el programa, pero hay que esperar de la jefatura del estado, cuando toque, algo más consistente.