La maduración lenta de los escándalos

El escándalo del Canal Isabel II, llamado caso Lezo por los investigadores, que tiene el expresidente de Madrid Ignacio González como gran protagonista es de los que causan “alarma social”. En la anterior ronda de escándalo tuvieron semejantes efectos las “tarjetas black de Caja Madrid”, o la “herencia de Pujol” o los “eres irregulares” en Andalucía. Cada uno de ellos ha hecho mella en la opinión pública con una clara incidencia, aunque limitada, en las expectativas de voto y en la reputación de políticos y política.

Mientras siga engordando la lista de escándalos, y todo indica que faltan algunos por aflorar porque ya están en la agenda de la fiscalía, los partidos clásicos seguirán en la sala de convalecencia con riesgo de implosión por indigestión, infección o putrefacción, tanto da. Pero resulta llamativo que tanto el socialismo andaluz, como el mundo separatista de Pujol y el PP en su conjunto, no hayan estallado en mil pedazos por meras razones morales, por el ambiente irrespirable que les impregna.

Uno de los aspectos llamativos de la corrupción en la política española es su maduración lenta, tarda en emerger y más aun en esclarecerse en procelosos procesos judiciales que tienen arranques de yegua y paradas de asno. El caso de Ignacio González es ejemplar en ese sentido. Que el comportamiento de este político profesional era sospechoso se sabía en su partido y alrededores desde hace más de una década. A Rajoy le llegaron coplas sobre González desde principios de siglo, testimonios e informes con razonable verosimilitud como para tomar medidas preventivas, por simple prudencia. No pasó nada, más allá del aviso que le lanzó Rajoy a Ignacio González en el congreso de Valencia del PP, cuando Rajoy estuvo en peligro de naufragio. Esperanza Aguirre puede ahora gemir por la decepción pero son muchos los interlocutores, periodistas y otras gentes, que han oído de su boca que su Ignacio era un pájaro de cuenta.

Otro tanto para el 3% catalán que era un hábito generalizado, conocido y al que nadie quiso poner punto final antes de que apestara hasta lo insoportable. Y si lenta ha sido la maduración de los casos a la hora de aflorar, más lento aun es aun el esclarecimiento, la instrucción, el juicio, la condena, en su caso, los recursos... y el punto final. Un compromiso exigible al gobierno y a la oposición, aunque solo fuera por vergüenza torera. Acelerar los procedimientos, dotar de medios a la justicia, evitar las marrullerías y las ventajas procesales, serviría para salir de la ciénaga, para recuperar la confianza en las instituciones y la política, para que los políticos que están en el ajo pueden mirar a la cara a los ciudadanos y se pueda disipar esa sensación de que hay demasiados cómplices, empezando por los que mandan.