Vuelven las oposiciones

El “casi piso” del director de Tráfico tuvo preferencia en las noticias del día sobre el acuerdo del Gobierno (Hacienda) con los sindicatos para dar un volantazo a la función pública. Un acuerdo por el que el Estado se compromete a convocar un cuarto de millón de puestos de trabajo en el plazo de tres años, empleos estables de funcionarios en las distintas administraciones, preferentemente en las áreas de sanidad, educación y seguridad. La complicidad de sindicatos y Gobierno para anunciar la decisión, que se materializará en el consejo de ministros de esta semana, tiene carácter histórico. Una noticia esperanzadora.

Estamos ante un acontecimiento que movilizará a miles de familias, de jóvenes, de precarios y de temporales. Una oportunidad para los preparadores de oposiciones que han sufrido una década de penurias, y también una esperanza para parados y precarios. A lo largo de próximo trienio, hasta el fin de la década, el Estado se propone recuperar buena parte de los recortes de empleo aplicados durante la crisis y renovar las plantillas públicas que sufren de envejecimiento y que tienen que afrontar una avalancha de jubilaciones.

La cuestión ahora es que el Gobierno sea capaz de gestionar ordenadamente esta operación, que requiere cooperación con las demás administraciones, autonómicas y locales, y organizar con equidad, limpieza y objetividad una campaña sin precedentes de empleo público.

En primer término se requiere una explicación pública de fondo, en profundidad sobre la función pública en España, sobre sus méritos y deméritos. Una operación que pasa por pinchar el globo de la ineficiencia y la sobredimensión del empleo público. La realidad es que los funcionarios en España ni son tantos como dicen las leyendas urbanas, ni son tan incompetentes o poco diligentes como pregonan chistes y maledicencias.

La función pública merece una gran operación reivindicativa, simultánea a otra de digitalización que simplifique y mejore la gestión en beneficio de los ciudadanos. La gestión tributaria y la de la Seguridad Social españolas cuentan entre las más avanzadas y eficientes del mundo, lo cual no se ha puesto en valor tanto como merece. Romper el tabú de que la administración se parece a la que relató magistralmente Mariano José de Larra hace poco menos de dos siglos es una tarea pendiente y urgente. Los funcionarios actuales y el propio Estado no lo merecen.

La convocatoria regular y abundante de oposición devolverá expectativas y esperanzas a muchos jóvenes, precarios y parados. La necesidad de emprendedores, de nuevos empresarios con visión y sentido del riesgo no es incompatible con la urgencia de servidores públicos profesionales, honestos y capacitados. Unos y otros se necesitan, no son incompatibles, más bien complementarios.

Profesionalizar la administración, acabar con el precariado y dotarla de criterios de exigencia forma parte de los deberes de la democracia, que no ha sido muy diligente en esta materia, que ha vivido de la herencia del régimen anterior que, a falta de legitimidad de origen, se preocupó por dotarse de una cierta legitimidad administrativa con razonable eficiencia.

La decisión que va a tomar mañana el Gobierno es muy relevante, requiere explicaciones, transparencia, buena gestión y un voto de confianza, como el que le han otorgado los sindicatos.