El bono social eléctrico, un impuesto camuflado

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El poder judicial anuló el llamado "bono social eléctrico" por considerarlo un impuesto camuflado, una responsabilidad que corresponde al Presupuesto que no debe endosarse al sector. El Gobierno no se ha sentido cómodo con la sentencia y ha decidido volver a formular la medida ampliando los sujetos pasivos del impuesto. Ya no serán solo las empresas productoras de electricidad sino también las comercializadoras, más sujetos tributarios, las que van a pagar un subsidio social.

Es una chapuza. Camuflar impuestos trasladando el gasto a un sector concreto es una mala práctica que conspira contra la transparencia y la ortodoxia de las cuentas públicas. El sector eléctrico es un curioso sujeto tributario sobre el que han caído costes por materias que tienen que ver con el Presupuesto. A la tarifa, es decir al recibo de la energía, se han endosado decisiones políticas que debían pasar por el Presupuestos y que se han disimulado y laminado en la tarifa durante años. Seguramente si hubieran ido al Presupuesto el Gobierno no las hubiera tomado. Había alternativas a poco que se hubieran esmerado en buscarlas, evitando atajos poco meditados. A la tarifa fue el cierre, llamado moratoria, nuclear, también las subvenciones al carbón nacional, la llamada transición a la competencia y el déficit de tarifa... decisiones que solo han contribuido a enmarañar el sector, en no pocas ocasiones con la complicidad del mismo que ha estimado que en el lío podría obtener algunas ventajas mediante reuniones discretas con los que escriben el Boletín Oficial.

El bono social eléctrico puede ser una buena idea, tengo dudas pero quizá sea lo mejor para evitar algo peor, pero se trata de una medida social que debe ir reflejada en el Presupuesto, trasladarla a los costes energéticos solo complica y no resuelve el problema de origen. Los precios energéticos españoles han pasado en pocos años de ser los más bajos de Europa a unos de los más altos, sin que exista otra explicación que se lo complicado del asunto. Algo que tiene que ver más con la teología que con la lógica y las matemáticas.

El sector energético español mesita desenmarañarlo, aplicarle la terapia de la verdad, sacarlo de la negociación clientelar y meterlo en la competencia efectiva. Para el sector los ingresos de los clientes más modestos, con baja potencia y consumo, son irrelevantes. Organizar un sistemas de subsidio para necesidades clamorosas con las capacidades que otorga la información disponible y el big data tiene que ser sencillo. Pero ese coste tiene que estar en el Presupuesto, claro y explícito.

La reforma fiscal que necesita España pasa por la simplificación y la claridad y no por endosar costes fiscales a quienes no deben pagarlos. La tarifa eléctrica necesita limpieza, sencillez, sinceridad. Camuflar impuesto con el argumento social es tramposo. El "céntimo sanitario" era tramposo, por eso no lo entendían en Bruselas y lo anularon con el correspondiente lío. Con el bono social eléctrico, puede pasar lo mismo. La mejor forma de resolver un problema es evitarlo, en este caso lo están multiplicando.

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