Puertas giratorias y el caso Daniel de Alfonso

Sin matices, con más superficialidad y demagogia que contenido, las “puertas giratorias”, el salto de lo público a lo privado y viceversa, entraron en campaña electoral enarboladas por unos (Podemos) con el silencio de todos los demás. Un asunto que merece más debate y más matices que la descalificación a palo seco, que indica mucha ignorancia. Pretender que quienes asumen responsabilidades públicas no pueden provenir ni retornar al sector privado, tiene tanto de aristocrático como de estúpido o infantil. Un buen desempeño privado amerita para una buena gestión privada y viceversa, no hay culpabilidad o irregularidad en el paso de uno a otro lado, aunque pudiera haberlas en las conductas, pero eso no debe afectar al tránsito, que merece vigilancia, transparencia y presunción de inocencia, normalidad.

Pero hay más puertas giratorias, por ejemplo del sector público al sector público, de la magistratura a alto cargo del gobierno o de los llamados organismos independientes. O del ejército, la policía o los altos cuerpos a puestos políticos, parlamentarios o equivalentes. El pecado no está en el trasvase, en el ejercicio sucesivo de tareas, sino en la actuación personal en esas tareas. La política no puede estar reservada a funcionarios de carrera, o personas sin carrera, ni tampoco puede impedir actividades futuras en cualquier otro ámbito, al margen de plazos de reserva en algunos cargos de influencia.

Tenemos ahora un caso singular de tránsito de cargo público a empleo público que merece juicio e informe. Daniel de Alfonso, juez por oposición desde 1989, designado el 2011 jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña por acuerdo de 3/5 del Parlamento catalán (todos los grupos menos ERC e ICV) tras análisis acerca de su idoneidad. Durante los cinco años de ejercicio la Oficina ha acreditado ser inane para su función, sobrada de gestos y amagos y carente de resultados. Por culpa de unas escuchas ilegales filtradas de forma interesada que serían anuladas como prueba judicial, conocemos ahora la calaña del jefe del antifraude. Además su comparecencia ante el Parlamento catalán, acreditaron las maneras de un tipo poco recomendable, amenazante, peligroso, ambicioso y vanidoso… en resumen una perla poco recomendable para tenerlo cerca.

El Parlamento, en ejercicio de sus facultades, ha decidido despedir al director de Antifraude por conducta inadecuada; aunque amenazó con recurrir la decisión por falta de argumentos parece que ha optado por irse con la música a otra parte. El problema es que la otra parte es la Audiencia de Cataluña u otro destino en la magistratura ya que es titular por oposición de un puesto en la judicatura.

Un juez es un funcionario público sin un poder singular y, en ocasiones, extraordinario; uno de esos poderes intensivos que pueden llevar a abusos irreparables. ¿Pueden estar los ciudadanos tranquilos pensando que pueden caer bajo la jurisdicción de Daniel de Alfonso, ese personaje que aparece en las conversaciones con el ministro del Interior (otra perla)? Que en la justicia existan personajes con ese perfil me parece preocupante, ¿hay que asumirlo?, ¿no hay otra alternativa?