Cuantos sostienen que España tiene problemas de funcionamiento institucional, que es una democracia a medio gas, inmadura, encuentran en el incendio del vertedero de neumáticos de Seseña un ejemplo paradigmático. Que iba a ocurrir algo semejante era una crónica anunciada, cuestión de tiempo y de oportunidad. Los millones de neumáticos acumulados en desorden e ilegalidad eran un desafío a la catástrofe, no había alternativa. Desde Bruselas advirtieron la anomalía y reclamaban soluciones. Los gobiernos concernidos, dos autonómicos, varios municipales, el estatal, estaban al tanto del problema pero unos por otros se deban mus negro a la hora de tomar decisiones. Y las resoluciones judiciales entraban en el túnel de la ambigüedad y bel olvida. En resumen que entre todos la mataron y ella sola se murió.

La expresidenta de Castilla La Mancha (2011-15), María Dolores de Cospedal, abogada del Estado por más señas, ha señalado esta semana que era una herencia envenenada de los socialistas, de Bono y Barreda que gobernaron la Comunidad durante décadas, tanta vida como el cementerio de neumáticos. Cospedal olvidó que la Comunidad de Madrid, donde también se ubica el vertedero, ha estado gobernado por el Partido Popular, que en los ayuntamientos concernidos ha habido de todo y en el gobierno de España se han sucedido populares y socialistas. En resumen que las responsabilidades políticas por las ilegalidades del vertedero-cementerio corresponden a todos los partidos, son lo que podríamos llamar sistémicas. Si Cospedal tiene tan claro que hay errores en la gestión del problema tendría que empezar por reconocer los propios ya que gobernó durante cuatro años la Comunidad con mayoría absoluta y con autoridad por su condición de secretaria general del PP para interesar a todas las administraciones afectadas para tomar decisiones, ajustadas a ley, más aun, en cumplimiento de la ley.

Ni los unos, ni los otros, ni los jueces y la policía, hicieron nada por razones inexplicables salvo que la trama de intereses en torno al vertedero sea más efectiva de lo que cabe imaginar de algo tan, aparentemente, poco valioso. Alguien tendría que explicar quién y cómo ha logrado mantener la ilegalidad durante tanto tiempo, siquiera sea para que no se vuelva a repetir.

Pero si la respuesta al problema es atribuir la culpa a terceros, a los adversarios políticos, apañados vamos. Demasiadas veces los errores se justifican esquivando las responsabilidades, tratando de sacar ventaja política aparente escurriendo el bulto. Sospecho que sirve de poco, que el personal se da cuenta de las trapisondas, toma nota y actúa en consecuencia.

El incendio del vertedero ha sido intencionado, por razones que no se conocen con precisión. Ha supuesto costes importantes al Estado por los recursos utilizados para evitar una catástrofe ecológica y social. Alguien tendría que pagar ese coste, además de las responsabilidades económicas que los jueces determinen porque si se investiga en serio habrá acumulación de delitos. Lo habitual en estos casos es aplicar la técnica del olvido, dejar pasar el tiempo en vez de utilizar la terapia de la verdad, que es la única que resuelve y sana, la que acredita que existe estado de derecho y sociedad avanzada.