La Agencia Tributaria ante el caso Rato

La Agencia Tributaria, un buen instrumento para la eficacia tributaria (que significa calidad democrática), ocupa espacio en los medios informativos por nada bueno, y traslada a la opinión una sensación de parcialidad, de mal rollo interno (que suele ser fuente de filtraciones) y de inseguridad. La declaración el pasado lunes ante el juez que investiga a Rodrigo Rato de la jefa de la de Oficina contra el Fraude (ONIF) fue lamentable en lo profesional: firmó escritos importantes de oficio, sin reparar en las consecuencias; no fue capaz de distinguir entre indicios y sospechas y dejó perplejos a los presentes por su inconsistencia.

Que una de las principales responsables de la Agencia muestre en un juzgado tan escasa competencia es llamativo, sorprendente, pero más lamentable es que una semana después siga en el puesto y que la Agencia no sea capaz de recomponer y explicar sus actuaciones en el caso Rato. Incomprensible. Tiene alcance y sentido la pieza abierta por la salida a Bolsa de Bankia; también la referida a las tarjetas de crédito negras como el carbón (lo más blanco del caso es la propia tarjeta). Pero la pieza fiscal rezuma arbitrariedad y chapucería.

Que la Agencia Tributaria derive un informe a la Fiscalía contra un sujeto tributario al que no ha sometido a inspección con audiencia previa huele raro, especialmente cuando el sujeto tributario está identificado, sin riesgo de fuga o de vida oculta. El procedimiento es manifiestamente irregular, sorprendente. ¿Quién dirigió las actuaciones? ¿Quién visó, autorizó, alentó…? Porque estas decisiones no son de trámite.

La tesis de que se trata de una guerra interna y subterránea del Partido Popular es atractiva, pero no hay manera que explicarla, de poner nombres y apellidos, intenciones y tramas para entenderlo. ¿Quién gana, quién pierde? Acabar con la reputación que le quede a Rato ¿ayuda o perjudica a Rajoy? Desde luego que a quien más afecta es a la solvencia de las instituciones, desde la propia Agencia Tributaria a la Fiscalía y los juzgados que han intervenido. Han pasado varias semanas y los datos, los presuntos delitos, están sin dibujar. El registro de la casa y despacho del investigado cursó con una espectacularidad sospechosa, ¿trataban de quebrar su voluntad y liquidarlo en los medios?

Ahora conocemos que la Agencia ha investigado las declaraciones de IRPF de los eurodiputados por si han utilizado a su favor los huecos de la fiscalidad sobre salarios obtenidos en el extranjero, abonados por instituciones europeas que en algunos casos hacen pagos no sometidos a impuestos. Instruir a los eurodiputados para que actúen conforme a la ley (a veces opinable) parece pertinente, pero abrir una inspección y levantar actas de infracción que pueden incluir a ministros y exministros se convierte, inevitablemente, en una operación política de caza y captura.

La respuesta del ministro de Exteriores: “yo no hablo de esas cosas” es tan sorprendente como asombrosa. ¿Cómo no va a hablar de sus compromisos fiscales sobre retribuciones públicas? Tiene que hablar con detalle, despejar dudas, con rigor, máxime un ministro que es inspector de hacienda por oposición (1968).

Al fondo quedan las instituciones que soportan el Estado, las que sustentan y dan valor a la democracia. Burlarlas, desdeñarlas, es el mejor camino para deslegitimar la política. Hay que volver a Sócrates y a los principios de la moral pública.