Chaves, Griñán y el listón de la prevaricación

El delito de prevaricación consiste en dictar resolución o tomar decisiones injustas a sabiendas. El magistrado del Supremo que entiende la causa contra los dos anteriores Presidentes de la junta de Andalucía por el caso de los EREs, entiende que ambos Presidentes pudieron prevaricar y que el Consejero más directamente afectado por el caso además pudo cometer el delito de malversación de recursos públicos. Para Chaves y Griñán la decisión supone un severo traspiés y borrón como punto final de una brillante carrera política.

No hay duda alguna de que los políticos afectados por la instrucción del Supremo se beneficiaron personalmente y a su favor, pero eran responsables de la gestión presupuestaria, de los procedimientos y del destino de los recursos. Tampoco hay duda de que esa gestión fue deficiente, descontrolada e incluso abusiva por cuanto utilizaron mecanismos que evitaban los controles habituales, legales. Cuantos expertos de la Intervención de Hacienda, funcionarios profesionales, han informado como expertos a los jueces instructores de Sevilla y Madrid, han señalado que los procedimientos eran irregulares, excesivos, más allá de lo que establecen las normas.

Además el destino final de los recursos llegó más allá de los finos previstos, por favoritismo y abuso. De los mil millones largos de euros gestionados para financiar los EREs durante más de una década hubo decenas de millones entregados a personas que no tenían derecho o fueron dedicados a pagos de intermediarios innecesarios.
Se trata de un caso evidente de abuso de recursos públicos que debió haberse corregido desde el momento en que se detectaron las irregularidades, pero que una estúpida cadena de ocultamientos y disimulos han convertido en un escándalo político de enorme magnitud, que mancha al socialismo andaluz y a sus dirigentes de la última década.

Griñán es un funcionario profesional, inspector de trabajo de carrera con mucha experiencia en gestión pública. Que con esos antecedentes se le fuera de las manos un asunto de semejante naturaleza tienen difícil explicación; y lo mismo sirve para Chaves y para otros dirigentes de la Junta. Si no fueron cómplices activos de los excesos (y de los delitos conectados) lo fueron pasivos, no acertaron a vigilar ni a prevenir. Ahora tendrán que dar muchas explicaciones.

La decisión del magistrado instructor abre la puerta a casos semejantes de mal uso de recursos públicos por parte de políticos con responsabilidades presupuestarias. La lista de usos deficientes o irregulares de recursos presupuestarios es larga, y abundan los ciudadanos decididos a exigir responsabilidades y a denunciar ante los tribunales casos concretos. El clima de opinión dominante favorece esa tendencia al tiempo que alienta a los jueces a iniciar procedimientos e investigar... por si las moscas. El listón de la prevaricación y la malversación se va a colocar alto, al menos para iniciar causas. Algunos van a lamentar haberse metido en política y tomado decisiones audaces. Van a tener que dar explicaciones, muchas serán suficientes, pero alguno lo va a pasar mal. No necesariamente lo que más abusaron.