La Agencia Tributaria se mete en líos

José Borrell en su etapa de Secretario de Estado de Hacienda (1990) creó y dio forma a la Agencia Tributaria, como ente público dependiente de Hacienda pero con un estatuto de autonomía que trata de blindar la inspección fiscal de injerencias políticas o partidistas. Borrell siguió el modelo de los IRS anglosajones (Gran Bretaña, Estados Unidos Canadá...) que presentan los mejores credenciales de eficacia y neutralidad. Fue una contribución relevante a la modernidad tributaria

Pero no es fácil apartar la policía fiscal de la refriega política partidista y aislar a sus empleados y directivos de la controversia social por la naturaleza de su trabajo: cobrar impuestos, perseguir el fraude... y por el evidente poder que acumula incluida la facultad de husmear en las cuentas y en la vida privada de los ciudadanos.

Por todo ello y algunas otras razones los gobiernos, y muy en concreto el ministro de Hacienda, tienen el deber de proteger a la Agencia Tributaria de cualquier exceso o arbitrariedad y propiciar el mejor clima para que la Agencia haga su trabajo, construya y proteja su reputación y pase desapercibida. Como ocurre con los árbitros o los departamentos de inteligencia, lo mejor para una agencia tributaria es que no se note su presencia y que actúe con tanta firmeza como discreción. Conviene que la Agencia esté gobernada por equipos estables y profesionales, que no cambien a cada relevo en el gobierno, y que evite connotación partidista. La Agencia está a punto de cumplir su primer cuarto de siglo de funcionamiento y en riesgo de alcanzar su punto más bajo de prestigio por sus propios errores. Desde el año 2010 se han sucedido cuatro directores generales de la Agencia y varias remodelaciones en los equipos de trabajo. Una mala señal que indica inestabilidad y crisis.

La última peripecia es el enfrentamiento de la Agencia, o de alguno de sus inspectores más calificados, con el juez Ruz de la Audiencia Nacional a cuenta de peritajes sobre investigaciones que afectan al Partido Popular, el del gobierno. El enfrentamiento con el juez desborda la legislación vigente, supone una extralimitación, pero además es estúpido, fatuo, porque quebranta la necesaria neutralidad y, además, produce los efectos contrarios a los buscados.

Si los autores de los informes al juez Ruz querían ayudar al Partido Popular no podían haberlo hecho peor, puede calificarse de fuego amigo. Doble error, primero por actuar a favor de parte y segundo por hacerlo rematadamente mal. Con estos amigos no hacen falta enemigos.

Equiparar al PP con Caritas o la Cruz Roja, aunque solo sea efectos ilustrativos, no se le ocurre ni al que asó la manteca. Indica que algo no funciona en el razonamiento lógico del inspector de hacienda que firma ese informe. Es como para mandarle a repetir la oposición, no sea que se le pasara algún tema relacionado con el buen sentido, la ética y la estética.

Lo peor es que en un momento de alta sensibilidad fiscal, cuando la Agencia necesita exhibir buena práctica, respetabilidad, confiabilidad, estos artistas han conseguido tirotearse las piernas propias y las de la Agencia. Como dijo el Conde de Romanones, ¡vaya tropa!