El Fiscal General del Estado, hora cero

El Fiscal General del Estado es ahora personaje central del drama catalán. Las miradas están fijas en su próximo movimiento, ¿forzará a los fiscales de Barcelona a presentar una querella contra Artur Mas y otros o dejará pasar la oportunidad? El Gobierno español espera la querella, el Gobierno catalán y sus aliados independentistas también, por distintos motivos. La confrontación ganaría en intensidad con la querella.

El Fiscal General lo es de carrera, fiscal sin interrupción desde 1975, ha recorrido todo el escalafón hasta la cúpula del cuerpo, fue jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía en 1996, fiscal de sala del Supremo (sala penal) desde el 2000, también del Constitucional, antes miembro de la Junta de Fiscales en varias ocasiones… en resumen toda su vida profesional en la Fiscalía.

¿Qué le queda al Fiscal General por alcanzar? Algunos dicen que aspira a formar parte del Constitucional, algo lógico para cualquier jurista con méritos, aunque sospecho que Eduardo Torres Dulce puede sufrir déficit de filiación partidista y superávit de relevancia profesional para entrar en esas listas de candidatos que pasan el corte en los altos despachos de los partidos.

El Fiscal General sabe que está bastante solo en la actual tesitura, que fundamentalmente se enfrenta a sus propias exigencias éticas y profesionales con un dilema complicado. Existen hechos susceptibles de articular una querella con varias figuras penales posibles, pero también dificultades formales para armar la querella y dudas entre los fiscales de Barcelona, que deben firmar la querella. Además, una vez presentada la querella su suerte en el Tribunal Superior de Cataluña es incierta. La querella será argumento para la movilización independentista y no presentarla refuerza la tesis de que el Estado de Derecho en España está debilitado, que su aplicación depende de dónde y sobre quién recaiga.

Haga lo que haga el Fiscal general recibirá más críticas que bendiciones. De manera que no tiene más camino que su propia conciencia, la recompensa de ser coherente con su autoexigencia. Supongo que estos días ha repasado el enunciado de su responsabilidad. “El Artículo 124 de la Constitución española de 1978 establece que el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tienen como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad”.

Y que repasado el mandato solo le queda decidir. Cuantos han sostenido reiteradamente que la Fiscalía debe obediencia al gobierno que le nombró, comprueban que no es así; que una vez nombrado el Fiscal goza de independencia, y que se debe más a la coherencia con el Consejo Fiscal que a las indicaciones del ministerio.

Una puerta de salidas del laberinto es que un juez acepte alguna de las querellas presentadas por terceros contra la consulta/pseudoreferéndum/recogida de firmas… del pasado día 9. Es una salida aparente ya que requerirá inmediatamente la calificación y juicio de la Fiscalía, pero limita o diluye el protagonismo.

El Fiscal General asiste a su hora cero un año antes de terminar su mandato del que solo puede desalojarle su propia voluntad o una presión externa tan irresistible como peligrosa. En cualquier caso está en juego otro jirón de la credibilidad de las instituciones del tercer poder, del judicial, tironeado sin recato por el ejecutivo y por los partidos políticos que penetran todos los poderes, en vez de preservarlos.