Fondos de Formación; de ofensores y ofendidos

La historia parece sencilla, tanto en las revisiones que hace la Seguridad Social como las de la Junta de Andalucía han aparecido irregularidades en las justificaciones de las subvenciones para la Formación. Y otro tanto en Madrid y en otras comunidades. Más aun la Comisión Europea que es gran contribuyente para esos fondos también requiere explicaciones. Y para completar la policía tiene una investigación por iniciativa que nadie ha concretado.

De todo ese enredo que cursa con notable descoordinación sale una denuncia de fraude en el uso de esos fondos. El caso madrileño aparecen implicados, de momento, gentes vinculadas a la patronal y a la Cámara de Comercio como posibles responsables, con algunas tolerancias oficiales. En el caso andaluz las sospechas afectan al gobierno autonómico y a los sindicatos.

Los datos objetivos son escasos, huela muy mal; pero ya se sabía que esos fondos se gestionaban con largueza y disimulo, que muchos intermediarios habilidosos se lo estaban llevando crudo y que esos fondos se aprovechaban para objetivos muy distintos a la formación de los parados. En unos casos pagaban aparato, en otros tráficos de influencias o sencillamente abuso y apropiación.

Nadie se escandaliza porque el rum-rum sobre el olor a podrido es viejo. La Ministra de Empleo dice que el sistema ( modificado hace pocos años a la vista de los rumores) es bueno, que el problema son las personas que intervienen. Es una obviedad, siempre son las personas, el sistema lo que trata es de evitar las tentaciones y corregir inmediatamente las desviaciones. Parece evidente que el sistema ni previene ni evita.

La presidenta de Andalucía en vez de ordenar trasparencia y explicaciones a sus consejerías, denuncia acoso a su gobierno y a Andalucía, es decir victimismo sospechoso. El caso de los EREs andaluces propiciados, gestionados, por el gobierno andaluz ha mermado su credibilidad por el propio caso y por la resistencia a dar explicaciones y cortar por lo sano.

La suma ahora de las irregularidades con los fondos de formación deja a todos en posición de ofendidos y ofensores de forma simultánea. Pero los más ofendidos son los ciudadanos de a pie que no se creen casi nada, que ratifican esa impresión de que hay demasiada gente con cargo y alrededor que se lo lleva crudo y que nadie les pide cuentas, que hay más encubrimientos que sanciones.

Tanto las administraciones que han librado los fondos sin controlar, como las organizaciones sindicales y patronales que los han manejado con displicencia y abuso huyen de las explicaciones y se refugian en excusas incomprensibles. No hay voluntad de resolver el problema, se nota demasiado. Huele que apesta y las autoridades parece habituadas al olor, les debe parece natural, inevitable.