¿Reforma fiscal o recauchutado electoral?

Una reforma fiscal que merezca la pena requiere seriedad y compromiso político. Daba la impresión de que el gobierno Rajoy pretendía una reforma, y para eso encomendó un trabajo inicial a un grupo de expertos y les dio tiempo (hasta finales de febrero) y un encargo claro. La composición de la comisión presenta un perfil académico y relativamente homogéneo; cercano al Gobierno, aunque eso no es óbice para otorgarles el beneficio de la confianza por su carácter de especialistas. Y el encargo es limpio, abierto, “sencillo, neutral, eficiente, suficiente y que contribuya a la recuperación económica y la creación de empleo”. Como líneas rojas: “que favorezca a familias, discapacitados y estimule el ahorro”.

Son mimbres suficientes para que los expertos propongan al Gobierno una reforma de profundidad semejante a la de los años de la transición y arranque de la democracia. El presidente de la Comisión, el profesor Lagares, formó parte del grupo que preparó la gran reforma de 1977. Hay elementos en la doctrina y en la experiencia para bordar una reforma de semejante calado con consecuencias decisivas para la modernización de la sociedad española.

Para que así ocurra sería bueno que el Gobierno deje trabajar a la comisión y espere sus conclusiones sin contaminarlas con sugerencias, insinuaciones, filtraciones etc… Será el Gobierno a quien corresponda elaborar los proyectos de ley para la reforma fiscal y al Parlamento debatirles y aprobarles. Deseable sería que hubiera un amplio nivel de consenso (como ocurrió en 1977-78) en las Cámaras, sin perjuicio de las diferentes posiciones ideológicas de cada grupo. Pero la estructura básica del sistema puede ser compartido así como el objetivo y procedimientos para corregir uno de los problemas más graves: el fraude fiscal.

Las filtraciones o especulaciones sobre los detalles del alcance de la reforma (tipos impositivos, deducciones…) son desalentadores, destilan un tufo electoralista que amenaza el buen fin de la reforma, que más bien puede convertirse en recauchutado de lo que existe y funciona entre mal y regular.

Un elemento clave es asumir que el modelo actual está agotado, que con tipos altos recauda poco y es pródigo en litigios e interpretaciones equívocas y volátiles. El caso fiscal de la familia Urdangarin y las diferencias de criterio entre inspectores, Fiscalía y juez instructor es un buen (mal) ejemplo. El encargo dice que el nuevo sistema fiscal debe ser SENCILLO, EFICIENTE, SUFICIENTE y ESTIMULANTE. Lo cual supone actual sobre todas las figuras tributarias eliminando adherencias, excepciones y particularidades; que el ciudadano entienda lo que paga e incluso asuma que es proporcionado a lo que recibe.

Las filtraciones parciales no ayudan, la estrategia antifraude es determinante. En la reforma fiscal de 1977 fue decisivo limitar el secreto bancario (fue uno de los grandes debates) y establecer el delito fiscal. Ahora también hay que volver sobre ello, dar protagonismo a la factura, que debe ser obligatoria en todas las transacciones con los detalles oportunos. Es sencillo, solo se requiere voluntad política y fortaleza moral. Cuanto más sencillo… mejor; cuanto más general… más justo. Impuestos claros y que se cobren.