¿Puede el Gobierno reformar el Estado?

No estaba entre las prioridades del Gobierno intentar reformar la Administración, aunque es un objetivo perpetuo. Además para el obsesivo objetivo de los primeros meses, que no era otro que reducir el déficit público, como bálsamo de Fierabrás para todos los males, es inevitable reajustar las administraciones públicas, más allá que suprimir una paga extra o congelar los salarios de los funcionarios. El servicio público necesita adaptación al nuevo siglo, con una reforma a fondo que puede parecerse a la reestructuración de un cementerio, que tiene algo seguro, los inquilinos no colaborarán.

El presidente Rajoy encargó a la vicepresidenta Sáez de Santamaría esa tarea, aunque el ministerio competente fuera Hacienda, que se apellida “administraciones públicas” en este Gobierno. Y la vicepresidenta, encomendó la tarea a su subsecretario, Jaime Pérez Renovales, abogado del estado, nº 2 de la promoción del 96 (la vicepresidenta es de la del 98) y persona discreta y eficaz.

Tras varios meses de trabajo de identificación de duplicidades, ineficiencias, excesos… el Gobierno dispone de un plan para renovar la administración, reducirla, abaratarla y mejorarla. Un buen plan que necesita ejecución, que tropieza con una dificultad fundamental: ¿tiene el Gobierno poder para hacerlo?

No son pocos los especialistas que consideran que sin una reforma constitucional que defina y aclare el reparto de competencias es imposible cambiar la administración y que intentarlo garantiza choques de trenes, conflictos de intereses, pleitos mil y finalmente fracaso. La presentación del plan que hizo Mariano Rajoy supuso un compromiso pero con un discurso poco convincente, con ese tono normal, aburrido, anecdótico, exento de mística o grandeza que caracteriza al presidente del Gobierno.

Para el viaje reformista de la burocracia pública hace falta audacia, épica y mucha voluntad. Suprimir organismo, cerrar oficinas y edificios innecesarios, integrar cuerpos y tareas, modernizar… con lagunas legales, frente a unas comunidades, ayuntamientos, diputaciones… celosas de su fuero y de su huevo es como las tareas de Hércules, que están al alcance de los dioses y de algún héroe. El Plan está, el objetivo es claro, pero la voluntad política y la capacidad jurídica queda por ver. De momento la recepción del plan ha sido tibia, como si solo se tratara de otro declarativo propagandístico. Y sin embargo el plan merece la pena ya que forma parte del recetario básico para salir de la crisis y volver a la prosperidad. No es probable que el Gobierno pueda reformar la administración, pero, al menos, lo va a intentar.

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