Hemos entrado en la fase enésima de la restructuración del sistema financiero español. Ese que a mediados de la década anterior aparentaba como uno de los más saludables del mundo; parecía canadiense o sueco; pero solo era la apariencia. Las cajas de ahorro que controlaban la mitad del sistema estaban muy averiadas con unas pocas excepciones. Las primeras señales de alarma sonaron con fuerza el año 2009, para ese momento ya circulaban listas de cajas con problemas y algunos rumores locales provocaron corridas de depósitos, como la de Los Yébenes (Toledo, 6.500 habitantes) en enero de 2009 que colocó a la Caja de Castilla la Mancha en el candelero. Pocos meses después el gobierno intervenía la caja en una sesión extraordinaria del gabinete, celebrada un domingo en la Moncloa. La urgencia y las deficientes explicaciones apuntaban improvisación e impericia, tanto por parte del supervisor, el banco de España, como el ministerio y el propio gobierno de Zapatero.

Desde entonces (han pasado tres años y medio) se han confirmado y empeorado todos los rumores; todas las entidades bajo sospecha, incluso alguna más, han tenido que pasar por talleres, es decir asumir ajustes, y cambios de rango. De las cincuenta cajas de entonces solo han salvado los muebles La Caixa (no la otra decena de cajas catalanas, que sumadas dan un desastre colosal), Ibercaja (Zaragoza), Unicaja (Málaga), las cajas vascas y las dos pequeñitas de Onteniente y Pollensa, todas entidades prudentes y profesionales. Las demás han fracasado, disimulado, falseado lasa cuentas en muchos casos y algunas otras fechorías que empiezan a llegar a los tribunales para depurar alguna responsabilidad.

Si algo ha caracterizado este largo proceso ha sido la falta de autoridad y determinación de los gobiernos y los supervisores. Sin merma alguna de la responsabilidad e los gestores y en especial de los consejos de administración, también ha fallado el sistema (auditores, supervisores y autoridades autonómicas y estatales).

Han intervenido (y a fondo) la Comisión Europea y el FMI, empujando al gobierno español a actuar, incluso poniendo a su disposición hasta cien mil millones de euros, que seis meses después de la oferta siguen en fase de trámite. Estos días se han dado pasos decisivos para recomponer las cajas del grupo 1, el de los más tullidos (el 25% del sistema financiero español); pero sigue pendiente el tratamiento del grupo 2 (otro 10%) y la entrada en operación del llamado banco malo o cementerio de desastres inmobiliarios.

Lo hecho no va más allá de identificar activos malos y poner cifras de recursos necesarios para sostener las entidades enfermas. Es decir que durante cuarenta meses se ha hecho un trabajo que no debía haber tomado más de ocho. Cuarenta meses a lo largo de los cuales se ha deteriorado aún más lo enfermo y ha enfermado parte de lo sano. Y estamos lejos del punto cero. El coste del ajuste va a ser muy alto; la recuperación muy larga y, por ahora, incierta. Por ahora es un caso evidente de impericia y desidia; una crisis de nunca acabar.

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