El inevitable Decreto-Ley 20/2012

El Congreso apura los calores madrileños de julio con un Pleno en el que discutirán y aprobarán, el vigésimo decreto Decreto-Ley del año (21 de este Gobierno) para hacer frente a la crisis económica. Que en siete meses el Congreso haya convalidado 21 Decreto-Ley que pretenden ajustar gastos, elevar los ingresos y modificar el sistema productivo para su modernización y eficiencia quiere decir que han trabajado mucho y también que no han faltado palos de ciego. Esos 21 Decreto-Ley, siete de ellos con rectificaciones posteriores, ocupan cientos de páginas del BOE con consecuencias para millones de ciudadanos.

La mayoría absoluta del PP ha permitido su aprobación de todos esos decretos sin matices, sin negociación previa o posterior a su entrada en la Cámara; algunos de ellos han merecido votos adicionales de grupos parlamentarios interesados en los mismos pero no ha sido el consenso Parlamentario una característica de estos meses.

El PP llegó con la aspiración de que la crisis iría a menos por su mera presencia y también por su buen desempeño. Pero pasados siete meses estamos en el mismo sitio, con un déficit del 8%, un coste insoportable de la deuda, y una posibilidad alta de intervención a la griega por parte de los socios fuertes del euro, si es que eso es posible.

El Gobierno ha tenido que aceptar la ayuda europea para reestructurar el sistema financiero con 32 condiciones. No se trata de una ayuda generosa, una gracia de los socios, sino más bien un intento de poner cortafuegos al posible incendio del repudio de algún vencimiento.

El decreto 3/2012 de febrero fue el de la reforma laboral que alentó una huelga general temprana sin consecuencias. El 20/2011 (el anterior Gobierno Zapatero puso en marcha 19 decretos en todo el año) impuso un ajuste presupuestario para este año con la pretensión, fallida, de reducir el déficit. Y el nuevo Decreto propone un ajuste fiscal cifrado en 56.000 millones de euros hasta finales del 2014.

El avatar del Decreto no ha sido afortunado; lo avanzó el presidente ante el Congreso la semana pasada, lo aprobó el Gobierno el viernes con explicaciones insuficientes y no es probable que obtenga más votos que los del PP. Mal necesario que no moviliza la voluntad.

El debate permitirá conocer cuánto va a cambiar la posición del PSOE ante una crisis que gestionó mal y de la que tiene un buen porcentaje de responsabilidad. El PSOE es convidado de piedra, cómplice de la situación sin excusas ni capacidad de propuesta. Previsiblemente el debate va a escenificar el divorcio amargo de los catalanes (CiU) con el PP. Lo anticipó Artur Mas en el Parlamento catalán y lo ratificará Durán en Madrid.

El presidente Rajoy dice que no hay alternativa, y el ministro Montoro que no le llega para pagar nóminas y trasferencias. Apuestan por la ayuda que no quieren llamar rescate, están entregados a la intervención que están decididos a asumir sin discutir, disimulando. Pero no han sido capaces de convencer y arrastrar a los gobiernos autónomos, responsables de más del 50% del gasto, para entrar en disciplina y rigor fiscal. Cuando más falta hace fortaleza institucional, un Estado fuerte, menos se ha trabajado en ese sentido.

El decreto 20/2012 será presentado y aprobado como algo inevitable, fruto del destino e imposible de evitar. Algo que siembra decepción, irritación, impotencia y desolación.

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