Sector energético: reforma fallida

El ministro de Industria, antes de tomar posesión advirtió que el nuevo gobierno afrontaría la reforma energética y la cuestión eléctrica con decisión, para resolver, de una vez por todas, un problema con el que han tropezado todos los gobiernos desde hace varias décadas. El déficit de tarifa que engorda cada día y alcanza cifras que amenazan la maltrecha estabilidad presupuestaria (más que Bankia) parecía al nuevo ministro un asunto urgente que pretendía resolver con el concurso y sacrificio de todas las partes. Como declaración de intenciones era sugestiva; contaba además con el dato de que el ministro dispone de fuerza política por la confianza del Presidente, por su propia posición en el PP y por la firmeza con la que sostenía su posición.

Siete meses después el problema está más lejos de la solución que no es tan sencilla como pretendía; el déficit sigue engordando, y lo que era el quinto pilar de las reformas (tras el financiero, el laboral, el presupuestario y el de las reformas estructurales) sigue empantanado entre Hacienda e Industria, en medio de un colosal choque de intereses que refleja perfectamente eso que algunos llaman “capitalismo de amiguetes”.

El pasado consejo de Ministros dejó para esta semana la aprobación de primer paso de la reforma que pasa por una nueva fiscalidad que busca el dinero del sector con una mano para devolverlo con otra y compensar así el déficit acumulado; pero sin resolver el problema de fondo. Lo que iba a ser una reforma estructural de un sector clave, decisiva para recuperar productividad y competitividad, se convierte en un artilugio de fiscalidad a la carta.

El planteamiento conocido hasta ahora no resuelve los problemas de fondo, más bien los complica, y deja como último objetivo (aplazado) la eficiencia energética, es decir garantías razonables para producir y distribuir electricidad al menor coste.

El reparto arbitrario de tipos fiscales a cada forma de producción deja de lado criterios objetivos que deben presidir las decisiones  fiscales, y convierte la electricidad en un impuesto, que va a beneficiar a los menos eficientes y más caros.

Que el proyecto no es bueno lo ha olido el mercado inmediatamente castigando la cotización de las compañías eléctricas que llevan pérdidas del 10% en pocas sesiones y del 50% en lo que va de año. Si la mala gestión de la crisis de Bankia costó 200 puntos a la prima de riesgo y un notable descrédito en los mercados, la peor gestión del caso eléctrico puede significar otra vuelta de tuerca de semejante coste que puede hacer insoportable la situación financiera del Tesoro.

Los asuntos energéticos se han llevado por delante varios gobiernos precipitando algunas crisis. Otro tanto puede ocurrir ahora. El presidente del gobierno debería tomar el control del problema, exigir un buen mapa de riesgos que pondere el coste de cada una de las opciones que tiene sobre la mesa: aceptar los argumentos de la industria tradicional, que garantiza un compromiso industrial o apoyar la posición de algunas de las alternativas con mayor coste y subsidios, que sostienen algunos de los recién llegados al sector.

La decisión afecta a los precios futuros de la energía para todos los consumidores, industrias y familias, pero también pone a prueba la capacidad del gobierno para adoptar decisiones responsables que puedan entender los socios europeos que vigilan el desempeño del gobierno.

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