Equívocos con el déficit público

El debate sobre la limitación del Estado a la hora de gestionar recursos es antiguo y tiene que ver con la concepción del Estado y de los poderes del  gobierno. Quienes defienden un estado controlado y un gobierno limitado están a favor de introducir obstáculos legales que resten arbitrariedad al poder político. Entre esos obstáculos está la limitación del déficit.  Los hay también que quieren un estado poderoso, grande, con un gobierno con amplias facultades para disponer.

La enmienda pactada por Zapatero y Rajoy para limitar el déficit público no es de derechas ni de izquierdas, ni liberal ni socialdemócrata. Es de sentido común. Las cuentas del estado, como las de cualquier otra entidad, tienen que ser equilibradas por naturaleza, porque los recursos no se crean de la nada. Más gastos significa más ingresos, sin  éstos no caben los otros. Y cuando crecen los gastos  significa que, antes o después,  habrá más  impuestos, aunque caben atajos y disfraces. La argucia es que esos impuestos se endosen a otras generaciones, lo cual tiene mucho de tramposo, insolidario y caradura. El déficit del estado no es otra cosa que impuestos futuros, impuestos aplazados, insolidaridad intergeneracional.

Militar contra el déficit público tiene, por tanto, muchas gotas de insolidaridad. También de confianza en el futuro, creencia de que el gasto de hoy generará ingresos posteriores que justifican asumir deudas.

Los gobiernos tienden a gastar, forma parte de la naturaleza de las cosas. Siempre hay motivos, causas, justificaciones para gastar, en unos casos por necesidad evidente y en otros por emulación. Si una ciudad dispone de carril bici, aceras de granito, polideportivo público, jardines frondosos y bien cuidados, escuelas de canto, de baile y de pilates… ¿no le deben tener todos los demás, según el principio de igualdad de derechos? Por emulación y comparación el gasto público se aproxima al infinito, y siempre con justificaciones aparentes.

La propuesta de limitación del déficit por mandato constitucional es coherente con la tesis prudencial del gobierno limitado y controlado, especialmente en sociedades con cuotas de gasto público sobre PIB por encima del tercio y muy cerca del 50%. En España el gasto público anda en torno al 40%. Mientras que los impuestos efectivos, los del año andan en torno al 33%. Por tanto a las nuevas generaciones se endosa una buena parte del PIB futuro. El referéndum correcto sería peguntar a esas generaciones futuras si quieren asumir el gasto de las actuales. El lema de los jóvenes franceses que protestaban hace un año “queremos vivir como nuestros padres…” merecía una coda, “y estamos dispuestos a asumir sus gastos con los impuestos que pagaremos mañana”.

La propuesta de reforma constitucional es coherente con una etapa de crecimiento espectacular del déficit, es preventiva y muy pertinente. Es apresurada, pero cuenta con todos los sacramentos legales. Quienes se oponen, al margen de cuestiones estéticas y tácticas, tendrían que explicar con más detalle quien asume la deuda, quien avala los nuevos créditos; porque el déficit es solo sinónimo de impuestos futuros, que pague el que venga detrás, y al que no han preguntado.

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