Gratificaciones auto-otorgadas

Como Juan Palomo, “yo me lo guiso yo me lo como”. Los llamados bonus o gratificaciones de los directivos de compañías con dueños poco interesados constituyen uno de los escándalos más irritantes de la actual crisis. Escándalo por las cuantías pero también por los conceptos. Premiar un buen trabajo tiene sentido, incentivar para conseguirlo, también. Que cualquier compañía premie a sus gestores por conseguir determinados objetivos poco comunes, casi extraordinarios, forma parte de las reglas del juego. Pero de eso a organizar sistemas de incentivos mecánicos, que se alcanzan por necesidad, por imperativo del propio contrato, supone un largo trecho.

La moda de los bonus es tan antigua como la humanidad, se han llamado de muy diversas maneras en la historia desde botín de guerra o de victoria a corso, patente de corso. Ya en esta época se han producido casos extremos bajo la fórmula de opciones o de bonus. El caso de la Telefónica que presidió Juan Villalonga (cuando era el amigo de Aznar) dejó huella de opciones desmedidas que llevaron al Gobierno a dictar una normativa ad hoc para una fiscalidad especial sobre esos rendimientos. De entonces acá las opciones sobre acciones, como incentivo a los gestores, se aplica con normalidad y con desigual fortuna para los interesados.

Ahora ha sido otro caso concreto, con otro de los amigos de Aznar como protagonista, el elevado a presidente de Caja Madrid, quien protagoniza un caso escandaloso de gratificación sobrevenida pactado en un contrato que tiene mucho de autocontratación. Y en otras cajas emergen situaciones parecidas. Estos casos se entienden con dificultad por la levedad de las explicaciones. Parece que estamos ante compromisos de pago de las cajas a gestores que en unos casos ya no están y en otros siguen, pero cuestionados. Pero ¿qué se premia?, ¿cómo se objetiva la gratificación?, ¿a qué responde, cómo se explica? De momento estamos en el asombro y el escándalo, y con la búsqueda de paralizar los pagos. Pero faltan explicaciones, ¿Quién lo aprobó y lo firmó? Si fuera autocontratación estamos ante un abuso con consecuencias civiles e incluso penales. Si fue liberalidad de algún consejo y directivo habrá que exigir responsabilidades a los abajo firmantes. Y si son contratos correctos habrá que cumplirlos por desmedidos que parezcan.

Lamentable sería que todo se quede en ruido y apariencia. Este tipo de contratos para gratificar a gestores necesita rigor, trasparencia y plazos razonables para medir y para ejecutar. Estas cajas que ahora tanto defienden su autonomía y su capacidad de gestión han cometido excesos en el ejercicio profesional (operaciones dañinas) y abusos en beneficio de los gestores y perjuicio de las entidades. Cuando menos merecen que les apliquen el reglamento, sin encubrimiento ni demonización. Pero huele que apesta. Quizá lo peor es que muchos de los causantes de los desastres siguen en el sillón cuando solo merecen despidos procedentes, es decir sin indemnización alguna, por mala práctica.

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