El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha aprobado una polémica ley contra la homosexualidad que incluye largos castigos de cárcel y la pena de muerte para algunos delitos y que fue condenada por países occidentales, según informó la presidenta del Parlamento ugandés, Anita Annet Among.
Museveni "ha ejecutado su mandato constitucional (...). Ha dado su consentimiento a la Ley Anti-Homosexualidad", afirmó Among en su cuenta de la red social Twitter sobre una de las leyes contra la comunidad LGBTIQ (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y queers) más estrictas del mundo.
"Como Parlamento de Uganda, hemos respondido al clamor de nuestro pueblo. Hemos legislado para proteger la santidad de la familia según el Artículo 31 de la Constitución de Uganda. Nos hemos mantenido firmes para defender nuestra cultura y las aspiraciones de nuestro pueblo", subrayó la presidenta del Legislativo ugandés.
Among agradeció a Museveni su "firme acción en interés de Uganda" y a los parlamentarios que aprobaron la norma "por resistir toda la presión de los intimidadores y los teóricos de la conspiración del fin del mundo en interés de nuestro país". "El pueblo de Uganda ha hablado y ahora es su deber hacer cumplir la ley de manera justa, inalterable y firme", concluyó.
Museveni promulgó el nuevo proyecto de ley que el Parlamento aprobó el pasado día 2 y que aún incluye largos castigos de cárcel y la pena de muerte para algunos delitos, pese al deseo del mandatario de que se suavizara el texto original tras una dura condena de Occidente.
El jefe de Estado se había negado a ratificar el polémico proyecto aprobado el pasado 21 de marzo por el Parlamento, y pidió que se modificara para que no condene la identidad de las personas LGBTIQ, sino sus actos. La Comisión de Asuntos Legales y Parlamentarios secundó la petición del presidente y anuló las cláusulas que aludían a la identidad.
Según la presidenta de la comisión, Robina Rwakoojo, esa enmienda procedió porque "la intención del proyecto es criminalizar los actos sexuales cometidos por personas del mismo sexo y no castigar a una persona con base en su sexualidad percibida o apariencia física".
Sin embargo, el delito de la "homosexualidad agravada" (término amplio usado para referirse al hecho de mantener relaciones íntimas con un menor de edad u otros grupos vulnerables) se mantiene castigado con la pena de muerte.
La versión anterior también requería que los ugandeses informaran a la Policía de cualquier actividad homosexual sospechosa o, de lo contrario, se podían enfrentar a seis meses de prisión.
Los legisladores acordaron enmendar esa disposición después de que Museveni advirtiera el mes pasado de que se corre el riesgo de provocar "conflictos en la sociedad".
Ahora, el requisito de informar se aplica sólo a los presuntos delitos sexuales contra niños y personas vulnerables, con una pena aumentada a cinco años de cárcel.
De acuerdo con la ley recién promulgada, cualquier persona que "promueva la homosexualidad a sabiendas" puede ser condenada a hasta veinte años de cárcel, una disposición que no se modificó con respecto al proyecto de ley original.
En 2014, Museveni ya aprobó una ley que pedía la cadena perpetua para los "homosexuales reincidentes", pero el Tribunal Constitucional ugandés acabó anulándola tras argumentar que no hubo suficiente cuórum durante su votación en el Parlamento.
En la actualidad, en Uganda prevalece una ley de 1950 -el país se independizó del Reino Unido en 1962- que penaliza hasta con cadena perpetua las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo, si bien no suele aplicarse.
"Vergonzosa" ley anti LGTBI
El texto legislativo ha sido duramente criticado por las Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos, así como por organizaciones de derechos humanos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que la nueva ley anti LGTBI es "vergonzosa" y es una "trágica violación de los derechos universales" en el país africano, lo que incentiva a Washington a tomar medidas en represalia, como nuevas sanciones.
"Los peligros que plantea este retroceso democrático son una amenaza para todos los que residen en Uganda, incluido el personal del gobierno de Estados Unidos, el personal de nuestros socios, los turistas, los miembros de la comunidad empresarial y otros", ha afirmado Biden en un comunicado remitido por la Casa Blanca.
En este sentido, ha asegurado que los informes de violencia y discriminación contra los ugandeses de la comunidad LGTBI han ido en aumento desde que se promovió la ley, con miles de personas viviendo en el miedo de ser desalojados de sus casas, despedidos, amenazados o condenados a penas de prisión, entre otros.
"Nadie debería tener que vivir en constante temor por su vida o ser objeto de violencia y discriminación (...) La perspectiva de amenazas más graves -- incluidas largas sentencias de prisión, violencia o abuso-- amenaza a muchos ugandeses que no quieren nada más que vivir sus vidas en seguridad y libertad", ha agregado.
Por todo ello, Biden ha afirmado que su Administración está considerando aplicar sanciones y restricción de visado a aquellos que se vean envueltos "en abusos de Derechos Humanos y corrupción". "Estados Unidos comparte una asociación profunda y comprometida con el pueblo de Uganda", ha zanjado.
Por su parte, el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado en un comunicado que la ley anti LGTBI es "contraria al Derecho Internacional y a las obligaciones de Uganda en virtud de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos".
"La Unión Europea seguirá colaborando con las autoridades y la sociedad civil de Uganda para garantizar que todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, sean tratadas por igual, con dignidad y respeto", ha señalado.
Finalmente, Borrell ha recordado que el Gobierno de Museveni "tiene la obligación de proteger a todos sus ciudadanos y defender sus derechos básicos. "De lo contrario, se socavarán las relaciones con los socios internacionales", ha argüido.
Pese a la condena internacional, la ley fue modificada por el Parlamento en mayo a petición de Museveni para incluir algunos de los cambios con los que el presidente de Uganda quería matizar que no se castigaría la mera identificación como LGTBI, si bien la nueva ley contempla castigos más severos, entre ellos la pena de muerte y la cadena perpetua, para las personas de esta comunidad.