Nueva jornada de protestas en Francia, la décima, contra la reforma de las pensiones y la que se vive si cabe con mayor tensión, tras el incremento de la violencia en cada uno de los episodios pasados. Mientras las negociaciones entre sindicatos y Gobierno parecen continuar estancadas, Interior ha desplegado 13.000 agentes, de los que 5.500 estarán en la capital, para garantizar la seguridad.
Ce matin, au ministère de l’Intérieur, au côté des policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers blessés ces derniers jours. pic.twitter.com/1KtyztV54Q
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 28, 2023
"Hemos detectado riesgos muy importantes contra el orden público", aseguró este lunes el ministro del Interior, Gérald Darmanin, ante la prensa, lo que, a su juicio, justifica un despliegue policial "sin precedentes", que incluye a 90 compañías móviles de agentes antidisturbios, "un nivel nunca alcanzado". El despliegue supera en 1.000 agentes al del pasado jueves, que no pudo impedir importantes escenas de violencia en varias ciudades.
El ministro señaló que han identificado a unos 2.000 individuos radicalizados, muchos de ellos procedentes del extranjero, dispuestos a utilizar de nuevo la manifestación sindical para "desestabilizar las instituciones".
En particular, señaló la presencia de militantes de ultraizquierda, los mismos que han actuado desde el pasado día 16, cuando la violencia extrema se incrustó en las acciones sindicales contra la reforma de las pensiones.
Darmanin indicó que, desde ese día, 891 agentes han resultado heridos, 47 de ellos el pasado sábado en Saint-Souline durante una protesta ecologista contra unos estanques artificiales para el riego agrícola, que se produjo dos días después de los incidentes registrados en varias ciudades durante la novena jornada de manifestación.
El ministro aseguró que 128 edificios públicos han sido objeto de ataques, algunos tan emblemáticos como el Ayuntamiento de Burdeos, cuya puerta fue quemada, mientras que 114 oficinas de parlamentarios han sido vandalizadas y se han identificado casi 2.200 incendios voluntarios.
El responsable de Interior aseguró que no permitirán que en el país "se instale la ley del más fuerte y se esté a merced de la ultraizquierda" y acusó a responsables políticos de izquierda de no condenar con contundencia la violencia contra la policía, lo que "contribuye a legitimarla".
La negociación
Mientras, los principales sindicatos de Francia han propuesto al Gobierno una "mediación" para tratar de acercar posturas en relación a la reforma de las pensiones, si bien el Ejecutivo se ha apresurado a reaccionar para matizar que "no es obligatorio" que haya intermediarios entre las dos partes para hablar.
Coincidiendo con una nueva jornada de huelgas contra la reforma, el secretario general de la Confederación general del trabajo (CGT), Philippe Martinez, ha planteado "suspender" los aspectos considerados más lesivos de la nueva ley, entre ellos el retraso de 62 a 64 años de la edad de jubilación, y "nombrar una mediación".
Así lo rubricarán este mismo martes las organizaciones de los trabajadores en una reunión, de la que saldrá un escrito dirigido al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y en el que se ofrecerá de manera directa un nuevo formato de diálogo para tratar de calmar los ánimos tras dos meses de movilizaciones prácticamente constantes en la calle.
Oui pour se parler, oui pour avancer. Pas besoin de médiateur pour ça.
La Première ministre l'a dit, sa porte est ouverte. Beaucoup d'enjeux autour de la question du travail et de l'emploi que nous voulons aborder avec les syndicats.— Olivier Véran (@olivierveran) March 28, 2023
Sin embargo, el portavoz del Gobierno, Olivier Véran, ya ha adelantado en rueda de prensa que no ve necesario que haya intermediarios, porque "se puede hablar directamente". En este sentido, ha explicado que Macron está "dispuesto a recibir" a los líderes sindicales una vez se haya pronunciado el Consejo Constitucional sobre la reforma.
Verán ha aprovechado también para condenar de nuevo la "violencia ilegítima y peligrosa" asociada a la ola de protestas, que se han recrudecido a raíz de la decisión del Gobierno de forzar la aprobación parlamentaria de la reforma, que según los sondeos cuenta con un rechazo mayoritario entre los ciudadanos.
De hecho, la polémica está pasando factura directamente a la imagen de Macron, que sigue en caída libre. Según un sondeo difundido este martes por RTL, sólo un 28 por ciento de los ciudadanos tienen una buena opinión del mandatario, un dato que se acerca ya a la popularidad mínima durante el pico de las protestas de los 'chalecos amarillos' en 2018 en Francia, cuando se desplomó al 26 por ciento.