La Fiscalía denuncia a Lula da Silva por ocultación de patrimonio y blanqueo

El exdirigente brasileño niega ser el propietario de un apartamento que está a nombre de una constructora vinculada con el escándalo de Petrobras

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La Fiscalía de Sao Paulo ha acusado formalmente al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de ocultación de patrimonio, blanqueo de dinero y falsificación de documentos en relación a un apartamento que está a nombre de una constructora investigada por el caso de corrupción en Petrobras. En la denuncia, firmada por tres fiscales, se acusa a Lula y a su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, de ocultar que son dueños de un apartamento de lujo en la playa de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, y que no figura en sus declaraciones de la renta, según informaron fuentes oficiales. El exdirigente ha negado los cargos y ha atribuido la acusación a un fiscal que, asegura, ha dejado clara su parcialidad y que ya había revelado su intención a la prensa.

El apartamento está al nombre de la constructora OAS, una de las investigadas en el caso Petrobras, que adquirió en 2009 el edificio que había sido construido por un sindicato vinculado al Partido de los Trabajadores (PT), fundado por Lula y en el que también milita la presidenta, Dilma Rousseff.

La denuncia, que no está relacionada con el interrogatorio al que fue sometido Lula el pasado viernes, supone un paso importante en el proceso contra el ex jefe de Estado pues si el juez de primera instancia decide admitirla a trámite, lo convertiría en reo.

Lula reiteró que no es el propietario del citado inmueble, admitió que su esposa adquirió una participación con vistas a una posible compra en 2005, cuando él estaba en el final del primero de sus dos mandatos, y aseguró que declaró esa operación al fisco. Además, afirma que su esposa solicitó la devolución de la cuota inicial cuando la empresa responsable por la obra quebró y le vendió el proyecto a la OAS.

Fuentes oficiales dijeron a Efe que el Gobierno brasileño, al menos por el momento, no tiene previsto pronunciarse sobre la denuncia presentada contra Lula. "El Gobierno no se posiciona en relación a investigaciones que cursan en la Justicia", dijo un portavoz de la Presidencia.

El fiscal "es parcial"

El exmandatario ha negado los delitos que se le imputan. "No hay ninguna novedad en la denuncia del Ministerio Público (Fiscalía) de Sao Paulo, que ya había sido anticipada a la revista Veja el pasado 22 de enero por el fiscal Cassio Conserino", informó en un comunicado el Instituto Lula, una fundación encabezada por el exjefe de Estado y que opera como su portavoz.

"Lula no es propietario ni del apartamento en (la playa de) Guarujá ni de la casa de campo en (la ciudad de) Atibaia (que también le atribuyen), y no cometió ninguna ilegalidad", según el comunicado del Instituto.

La nota agrega que el exjefe de Estado presentó su defensa ante el fiscal y le entregó documentos que prueban que no es propietario del apartamento pero que Conserino los ignoró.

"Cassio Conserino no es el fiscal titular del caso e hizo un juicio anticipado antes de escuchar al expresidente, dejando claro que es parcial", agregó el Instituto Lula al recordar que el acusador ya había anticipado su intención en entrevista a una revista antes de escuchar la defensa del acusado.

Según el comunicado, la denuncia refuerza la necesidad de que la Corte Suprema de Justicia, como lo ha pedido la defensa de Lula en dos oportunidades, defina la competencia en este caso, ya que el mismo es investigado tanto por la Fiscalía regional del estado de Sao Paulo como por la Fiscalía federal del estado de Paraná.

La Fiscalía de Paraná, que ha centralizado las investigaciones del caso Petrobras, apunta que el apartamento en Guarujá podría estar relacionadas con el caso de corrupción en la petrolera y habría sido usado por OAS para disfrazar el pago de coimas.

El pasado viernes, el juez Sergio Moro, de Paraná, ordenó a la Policía a interrogar a Lula en una comisaría, mientras que la Fiscalía anunció que cuenta con indicios "bastante significativos" de que Lula recibió beneficios y favores de las empresas implicadas en los desvíos de recursos de Petrobras.

Las constructoras son acusadas de formar un cartel para repartirse los contratos de Petrobras mediante el pago de sobornos a ejecutivos de la petrolera y a los políticos que permitieron las operaciones.

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