El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha lanzado este viernes por la tarde una orden de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al se le acusa de crímenes de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra de Ucrania a territorio ruso. Se trata de la primera vez en la historia que la CPI dicta una orden de arresto contra el presidente de un país miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Según explica en un comunicado, el TPI también ha dictado una orden de arresto por el mismo motivo contra la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación de Rusia, Maria Alekseievna Lvova-Belova.
La orden de arresto dictada por este tribunal con sede en La Haya entiende "motivos razonables" para creer que Putin "tiene responsabilidad penal individual" por estos delitos, bien por su comisión "directa" o por haber sido incapaz de "ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos".
#ArrestWarrant issued for #Russia President #VladimirPutin#InternationalCriminalCourt (ICC) President Judge #PiotrHofmański on recent arrest warrants against #VladimirVladimirovichPutin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova in the context of the situation in #Ukraine pic.twitter.com/DdVkzlD4L6
— Smriti Sharma (@SmritiSharma_) March 17, 2023
Estas órdenes de arresto son los primeros cargos internacionales presentados desde que estalló el conflicto bélico en Ucrania, y llegan después de meses de trabajo de un equipo especial de investigación a las órdenes del fiscal jefe del TPI, Karim Khan. Para su emisión ha sido necesario que un panel preliminar de jueces aceptara la validez de las pruebas presentadas.
Ucrania había iniciado varios procesos contra Rusia en La Haya por los más de 70.000 crímenes de guerra rusos que dice haber documentado en el territorio.
La posibilidad de que el TPI acabe juzgando a Putin es prácticamente imposible por varios motivos: la corte no puede atender casos 'in absentia' del acusado, Rusia se retiró en 2016 del Estatuto de Roma que sirve de cimiento legal para el tribunal. Además, el Kremlin no tiene la más mínima intención de entregar a ningún oficial ruso a la corte, como ya ha reiterado en numerosas ocasiones. Sin embargo, el TPI sí que está capacitado, como mínimo, para imputar a Putin, dado que no reconoce la inmunidad para los jefes de Estado en casos de crímenes de guerra, crimen contra la Humanidad o genocidio.
Como nota particular, el TPI ha hecho un caso excepcional al identificar por nombre a Putin y Lvova-Belova, contra de la doctrina habitual que favorece el anonimato, al indicar que "el conocimiento público de las órdenes puede contribuir a la prevención de la comisión de nuevos delitos", particularmente el de la deportación infantil forzada, "que todavía continúa".
"Nula jurídicamente"
El Gobierno ruso ha anunciado que se desentiende por completo de la orden de arresto contra Putin, al entender que se trata de una instrucción "jurídicamente nula" dado que el país no reconoce a la corte. "Rusia no es parte del Estatuto de Roma y no tiene obligaciones en virtud del mismo", ha recordado la portavoz del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, Maria Zajarova, en declaraciones publicadas en el canal de Telegram de la cartera.
Moscú ha desmentido en más de una ocasión la deportación de niños ucranianos por la fuerza ante las acusaciones vertidas por Kiev y sus aliados. Según el Gobierno ucraniano, al menos 16.000 niños han acabado desplazados contra su voluntad a territorio ruso desde que estalló el conflicto bélico. Por su parte, la Universidad de Yale presentó un estudio el pasado mes de febrero en el que denunciaba que al menos 6.000 niños ucranianos habían sido repartidos en 40 internados rusos.
Desde Ucrania han celebrado la orden de arresto dictada contra Putin. “Agradezco personalmente al fiscal de la CPI Karim Khan esta histórica decisión”, escribió en su cuenta de Twitter el fiscal general ucraniano, Andriy Kostin, que recordó que la justicia ucraniana está investigando la deportación forzosa a Rusia de más de 16.000 niños ucranianos.
“Tememos que los números reales sean mucho más altos”, agregó el fiscal general ucraniano, que explicó también que las autoridades de Kiev han compartido con La Haya más de 40 volúmenes y un millar de páginas de pruebas que documentan estos casos.
Kostin recordó que la orden dictada por La Haya obliga a los países que forman parte del tribunal a detener y entregar al presidente ruso a la CPI. “Los líderes del mundo deben pensárselo dos veces antes de darle la mano o sentarse con Putin”, remacha el fiscal ucraniano.
Un envite judicial de difícil cumplimiento
La orden de arresto del TPI, en términos prácticos, requiere de la connivencia de aquellos países por los que pueda moverse el mandatario ruso, que ya ha reducido en el último año sus viajes al extranjero.
Así, el paso dado por la corte de La Haya es un primer envite judicial contra Putin, pero dista mucho de ser definitivo. Antes de dictar la orden de arresto sobre el presidente ruso, el TPI ya tenía pendiente la detención de otras 15 personas que suman entre todas ellas más de 200 cargos --116 por crímenes de guerra, 87 por crímenes contra la humanidad y tres de genocidio-- relativos a crisis en República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, Libia, Costa de Marfil y la región sudanesa de Darfur.
El Estatuto de Roma, piedra angular del TPI, establece que la corte no puede juzgar a ningún acusado 'in absentia', es decir, que necesita que el individuo en cuestión se siente en el banquillo y responda en persona por los crímenes que se le imputan. Sin embargo, no dispone de una institución capaz de ejecutar el arresto, por lo que depende de los Estados miembro.
Actualmente, 123 países han suscrito el Estatuto de Roma, pero entre ellos no están Rusia ni tampoco otros aliados del propio Putin, como podrían ser China o Bielorrusia. El TPI tampoco tiene potestad sobre India, anfitrión de la cumbre de líderes del G20 prevista para septiembre y para la que el Kremlin no ha confirmado ni desmentido ni confirmado aún que pueda acudir el presidente ruso.
El TPI reconoce por tanto que, cuando dicta una orden de arresto y tiene indicios "razonables" para pensar que un determinado individuo ha cometido delitos que caen dentro de su jurisdicción, requiere de la colaboración de los países. En este sentido, recuerda en sus documentos que para arrestar a un prófugo no es necesario haber firmado el Estatuto de Roma y que en el pasado ya pidió la colaboración de países externos.
Además, y aunque los países firmantes del Estatuto de Roma tienen la obligación de ejecutar las órdenes de detención que haya pendientes, aunque no sería la primera vez que un país esquiva esta orden. En 2015, Sudáfrica evitó detener al entonces presidente de Sudán, Omar al Bashir, alegando que tenía inmunidad por acudir a una cumbre de la Unión Africana.
Una vez detenido, el sospechoso sigue un proceso que depende en un primer momento de las instituciones del país donde se haya procedido al arresto. Debe comparecer ante la autoridad judicial competente, que examinará si se han cumplido o no las leyes y si cabe la entrega al TPI, dentro de un proceso que difiere del de extradición.