Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi y Saeed Yaghoubi fueron detenidos el pasado otoño por participar en las protestas que se apoderaron de Irán a raíz de la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini. Hoy estos tres jóvenes han pagado su derecho a manifestarse con la muerte en la horca. Son las últimas víctimas inocentes de un régimen iraní que sigue con su huida hacia adelante a pesar de la ola de críticas internacionales por su escalada de represión contra la población. Teherán endurece así su campaña de terror y no se detiene en un nuevo intento por saciar su sed de venganza contra aquellos que han osado rebelarse contra sus dictámenes y desafiar al orden establecido.
El régimen de los ayatolás se mantiene implacable con sus medidas de castigo, sin bajar la guardia en ningún momento. Tras verse desbordada el año pasado por las mayores protestas desde su nacimiento, la Republica Islámica de Irán ha encontrado en la pena de muerte una poderosa arma de represión para amedrentar a la población y cercenar así cualquier atisbo que pueda avivar las brasas de unas manifestaciones que, en menor medida, aún siguen latentes.
Los tres jóvenes ejecutados este viernes elevan a siete el número de manifestantes ahorcados por supuestos delitos relacionados con las revueltas que estallaron hace ocho meses. Majid, Saleh y Saeed fueron acusados de 'moharebeh' o 'enemistad con Dios' -algo que en Irán acarrea la pena capital- por la muerte de tres miembros de las fuerzas de seguridad el pasado mes de noviembre en la ciudad de Isfahán, en el centro del país.
De izquierda a derecha, los jóvenes iraníes Saleh Mirhashemi, Majid Kazemi, Saeed Yaghoubi. AMNISTÍA INTERNACIONAL
Confesiones bajo torturas
A pesar de que las autoridades iraníes habían comunicado a los familiares de que los jóvenes serían indultados y liberados por falta de pruebas, el Tribunal Supremo confirmó hace una semana la sentencia tras un juicio sumarísimo de apenas duró cuatro días y en un contexto, según grupos defensores de los Derechos Humanos, repleto de 'confesiones' obtenidas a base de torturas y deficiencias procedimentales, como es habitual en el opaco sistema judicial iraní.
Las torturas han sido salvajes y sus denuncias nunca han llegado a investigarse. En una conversación telefónica, uno de los tres reos ajusticiados, Majid Kazemi, aseguraba que se vio forzado a realizar confesiones incriminatorias falsas durante los interrogatorios. Allí, las fuerzas de seguridad le golpearon, le sometieron a descargas eléctricas, simularon su ejecución en varias ocasiones y le amenazaran con violarlo, matar a sus hermanos y hostigar a sus padres si no aceptaba sus cargos y confesaba lo que ellos le dijeran. "Les dije que diría lo que quisieran, pero que por favor dejaran en paz a mi familia. Hice lo que ellos querían por la tortura", afirmó Majid en un momento del mensaje de audio que han difundido varias ONG.
La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que estas ejecuciones son "una prueba más de que las autoridades están adoptando medidas cada vez más violentas y extremas para atormentar y aterrorizar a la población con el fin de acabar con las protestas a cualquier precio e imponer el silencio y la sumisión mediante la fuerza bruta".
Majid, Saleh y Saeed no serán los últimos manifestantes ajusticiados por parte del régimen de los ayatolás. Actualmente, hay más de 20 personas encarceladas en Irán que corren el riesgo de ser llamadas al cadalso en cualquier momento por su participación en las revueltas. Once de ellas ya tienen una condena en firme y otras están pendientes de ser juzgadas o afrontan juicios por cargos que se castigan con la pena capital.
En esta siniestra lista de condenados que probablemente tendrán la horca como final, figura el actor de teatro Hossein Mohammadi tras ser detenido por defender y asistir a las manifestaciones que piden derechos y garantías para las mujeres de su país. El caso del exfutbolista iraní Amir Nasr-Azadani dio la vuelta al mundo tras viralizarse en las redes sociales y al coincidir con el Mundial de Qatar el pasado mes de diciembre. El deportista fue condenado a la pena de muerte por participar en las revueltas, aunque el régimen llegó a asegurar que las informaciones eran falsas y finalmente recibió una condena de 26 años de prisión por el supuesto asesinato de tres miembros de las fuerzas de seguridad.
Una mujer protesta ante la embajada de Irán en México, mientras sostiene fotografías del futbolista Amir Nasr-Azadani. AMNISTÍA INTERNACIONAL
De los condenados a muerte que podrían ser ejecutados es especialmente cruento el caso de Mohammad Ghobadlou, un joven de 22 años con una enfermedad mental. De nada han servido las peticiones de un grupo de psiquiatras que han reclamado un examen más detallado sobre su capacidad de discernir, o las súplicas de su madre tras denunciar que se le ha negado su medicación en prisión. La horca vuelve a esperar a un hombre inocente en Irán.
El primer ajusticiado
Irán inauguró este régimen de terror contra asistentes a las manifestaciones el pasado 8 de diciembre. Mohsen Shekari, de 23 años, fue el primero de todos ellos en morir en el patíbulo tras ser condenado en un simulacro de juicio por 'moharebeh', en el que fue hallado culpable por causar disturbios públicos y apuñalar a un basiji -miliciano islámico- en Teherán.
El joven Majidreza Rahnavard, de 23 años, fue el siguiente manifestante al que le costó la vida su participación en las protestas que sacuden el país. Mismas acusaciones y misma condena: la pena de muerte. Aunque con una nueva vuelta de tuerca en su estrategia del terror. Los medios de comunicación estatales publicaron las confesiones forzadas del reo y su ahorcamiento en la ciudad santa de Mashad fue público y difundido a través de las redes sociales.
Iran gantung demonstran menggunakan sebuah derek
Terpidana matinya adakah pegulat bernama Majid Reza Rahnavard
https://t.co/X8p69dGfwi pic.twitter.com/LNN04YD89D— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) December 13, 2022
Durante la primera semana de 2023 otros dos jóvenes, Mohammad Mehdi Karami y Mohammad Hosseini, de 22 y 20 años respectivamente, fueron ejecutados tras ser acusados del asesinato de un basiji durante el mes de noviembre.
En todos los casos de condenados a muerte, los familiares han vivido con angustia todo el procedimiento judicial debido a la práctica habitual de las autoridades iraníes de no avisar con antelación de las ejecuciones ni a ellos ni a los abogados.
Las organizaciones de Derechos Humanos Irán llevan meses urgiendo a la comunidad internacional a tomar medidas contundentes para impedir el ahorcamiento de más manifestantes. La ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, ya advirtió desde el primer ahorcamiento del peligro de ejecuciones masivas en Irán si no se toman medidas "serias" y no hay una reacción "urgente" de la comunidad internacional contra el régimen que lidera el ayatolá Alí Jamenei.
Hacia un "récord abominable"
Las violaciones contra los Derechos Humanos son sistemáticas y flagrantes en Irán. Su sistema judicial no es independiente ni transparente y son frecuentes las detenciones arbitrarias, las confesiones forzadas y las presiones a familiares.
Amnistía Internacional ha reseñado que "en tan solo dos meses, casi cien personas han sido ejecutadas en Irán, en una muestra de cómo las autoridades están utilizando la pena de muerte con el objetivo de infundir miedo a la población en un intento desesperado por parte de las autoridades de aferrarse al poder y poner fin al levantamiento popular".
Irán es también el país con mayor número de ejecuciones per cápita del mundo, según denuncian varias ONG. Pese al clamor internacional contra la aplicación de la pena de muerte por parte del régimen de Teherán, el número de ejecuciones ha aumentado drásticamente en los últimos meses, según ha revelado Naciones Unidas en las últimas semanas.
Los datos son aterradores. Irán ha llevado a cabo 576 ejecuciones en 2022, según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk. Se trata de un incremento sustancial tras las 314 registradas el año anterior y la cifra más alta desde 2015, según las cifras que maneja Juntos Contra la Pena de Muerte (ECPM).
Y lejos de reducirse 2023 va camino de superar todos los registros: en lo que va de año el régimen persa ha ejecutado a más de 200 personas. La cifra, no obstante, podría ser mucho mayor según advierte la ONU debido a que muchos familiares de personas ejecutadas temen dar la cara.
"De media, más de diez personas son ejecutadas cada semana en Irán", ha estimado Türk. A este ritmo, Irán rondará las 580 ejecuciones llevadas a cabo el año pasado. "Un récord abominable", lamenta el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
La mayoría de los ajusticiados con la pena de muerte han sido condenados por delitos relacionados con el tráfico y la posesión de drogas. Aunque también ha aumentado este castigo sobre miembros de las minorías por sus actividades políticas. Naciones Unidas subraya que de las 45 personas ejecutadas en las dos primeras semanas del mes de mayo, 22 eran baluches. Una minoría que vive en una situación alarmante debido a la brutal represión ejercida por las autoridades con cientos de detenciones arbitrarias, torturas y pena capital.
Al régimen de Teherán tampoco le ha temblado el pulso con ciudadanos condenados por "profanar el Corán" e "insultar al islam y a Mahoma", en medio de un aumento de los ajusticiamientos en el país por casos de blasfemia. Las mujeres tampoco se libran del patíbulo, con 185 ahorcamientos desde 2010 que convierten a Irán en el país el mundo con más mujeres ejecutadas.
La mecha de las protestas se apaga
Las manifestaciones a raíz de la muerte de Masha Amini, que derivaron en una revuelta generalizada para reclamar el fin de la teocracia instaurada en 1979, han dejado por el momento cerca de 500 muertos y miles de manifestantes bajo custodia, detenidos en prisiones hacinadas y sin acceso a un proceso justo, según datos recabados por varias ONG. Pese a que las autoridades iraníes han reconocido excesos puntuales de las fuerzas de seguridad, han asegurado que las protestas están alimentadas por "alborotadores" y potencias extranjeras como Estados Unidos o Israel.
Actualmente, las protestas masivas se han desvanecido, en buena parte por la brutal represión y el despotismo con el que gobiernan los ayatolás desde el surgimiento de la República Islámica. No obstante, de todas las formas de protesta y desobediencia, aún sobrevive el rechazo al velo islámico por parte de muchas mujeres a pesar de los intentos de las autoridades por reimponer el uso de la prenda que oprime a las iraníes.