Gobierno y FARC retrasan la firma de la paz al persistir "diferencias importantes"
El hecho de que la guerrilla deje y destruya las armas en su poder es uno de los temas más sensibles en la mesa de negociación
El Gobierno de Colombia y las FARC llegaron este miércoles al plazo que se impusieron para firmar la paz sin anunciar ningún acuerdo y sumidos en una importante crisis sobre temas cruciales para poner fin al conflicto, como la dejación de armas y las zonas de concentración de los guerrilleros.
Después de intensas y largas reuniones durante más de una semana para desbloquear la situación, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, admitió ante los medios que "subsisten diferencias importantes con las FARC sobre temas de fondo".
Al respecto de la dejación de armas, uno de los temas más sensibles ahora mismo en la mesa de negociación, De la Calle subrayó que es "condición para la aplicación de los mecanismos de justicia transicional y para abrir la puerta a la reincorporación a la vida civil" de la guerrilla.
"No puede quedar duda alguna sobre la decisión de desechar las armas, proceder a su destrucción, clausurar las fábricas de armamento no convencional y abstenerse de nuevas compras de armas y pertrechos", enfatizó el jefe negociador del Gobierno.
El pasado 23 de septiembre, cuando el presidente Juan Manuel Santos y el líder máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, alias "Timonchenko" presidieron en La Habana el anuncio del relevante acuerdo sobre la justicia transicional, ambos se comprometieron a firmar la paz en seis meses, plazo que expiró este miércoles.
"Vamos a agotar todos los esfuerzos posibles para lograr un acuerdo final pero eso exige decisiones prontas", indicó De la Calle, quien aclaró que, a pesar de los plazos, "el acuerdo que se logre no puede ser un acuerdo cualquiera".
De la Calle defendió que un "buen acuerdo" será el que permita poner fin al conflicto en "condiciones de seguridad para todos", en particular "a los habitantes del campo colombiano y también las FARC, que necesitan plenas garantías de seguridad".
"Que nunca más nadie recurra al proselitismo armado. Y nadie que participe en política y juegue con las reglas nunca más sea víctima de la violencia", resaltó De la Cale, arropado por todo su equipo después de una larga jornada que las delegaciones apuraron con reuniones hasta horas de la noche.
Por su parte, el jefe negociador de la guerrilla, "Iván Márquez" alias de Luciano Marín Arango -también flanqueado por los miembros de su equipo-, señaló que en este momento está en discusión una propuesta de hoja de ruta con "compromisos claros y definitivos" para resolver los asuntos pendientes del proceso de paz.
"Estamos delineando el camino más propicio para avanzar en la concreción de asuntos cruciales como la amnistía, el cese bilateral del fuego y de hostilidades, el proceso de dejación de armas y la ejecución de acciones que garanticen (..) la seguridad jurídica y la implementación efectiva de todos los compromisos", precisó.
Según el "número dos" de la insurgencia, esa hoja de ruta establece los "momentos concretos" en los que se deberán resolver estos asuntos pendientes, documento que esperan acordar en el próximo ciclo de negociaciones, que aún no tiene fecha.
El jefe negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) explicó que no ha sido posible cumplir con el plazo del 23 de marzo para firmar la paz "porque las exigencias lógicas de una prolongada y compleja guerra así lo determinaron".
"Actuamos en la idea de llegar a la construcción de un buen acuerdo para hacer del 2016 el año de la paz", prometió.
Márquez también se refirió a la reunión que la delegación de la guerrilla sostuvo el pasado lunes en La Habana con el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, quien revisó los avances y retos del proceso de paz con los dos equipos negociadores por separado y "escuchó con respeto a una organización revolucionaria".
Además de nombrar a un enviado especial al proceso de paz, Bernard Aronson, que participa activamente en las negociaciones, Estados Unidos anunció hace poco más de un mes el plan "Paz Colombia", que compromete 450 millones de dólares en inversiones necesarias para el postconflicto, con especial apoyo al desminado.
