Vista clave en Luxemburgo

La Eurocámara admite que reconocer a Puigdemont como eurodiputado fue "probablemente ilegal"

El expresidente catalán se escuda en la derogación de la sedición en marcha en España para justificar su "persecución política"

El expresident Carles Puigdemont

EFEEl expresident Carles Puigdemont

El Parlamento Europeo dijo este viernes ante el Tribunal General de la Unión Europea que la Eurocámara ha permitido al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont acceder a su escaño "probablemente de forma ilegal".

"El Parlamento ha tratado correctamente a los demandantes. En enero de 2020 se les permitió tomar asiento en el Parlamento Europeo y como hemos visto, por una sentencia del Tribunal General, probablemente de forma ilegal", dijo el abogado de la Eurocámara, Norbert Lorenz, en la vista sobre el recurso que Puigdemont ha presentado contra la institución por levantarle la inmunidad. 

"El Parlamento Europeo tuvo un comportamiento extremadamente abierto y correcto con los demandantes", dijo Lorenz para justificar que la Eurocámara levantó la inmunidad "de manera totalmente correcta" a Puigdemont y los otros dos eurodiputados de JxCAT, Toni Comín y Clara Ponsatí.

También rechazó que el presidente de la comisión de asuntos jurídicos de la Eurocámara que analizó el suplicatorio, Adrián Vázquez (C's), y del ponente del informe que pidió levantarles la inmunidad, Angel Dzhambazki -del mismo grupo parlamentario que VOX- no fueron imparciales en el proceso, como aseguró minutos antes la defensa de Puigdemont.

Según dijo, "si siguiéramos la interpretación de los demandantes, esto paralizaría al Parlamento Europeo. El Parlamento no podría identificar a un ponente supuestamente imparcial, porque todos los miembros del Parlamento tienen su ideas políticas en cuestiones que les importan tanto como a los demandantes con la independencia de Cataluña", aseguró Lorenz.

El abogado de la Eurocámara señaló que los eurodiputados de VOX son solo 4 y que, por tanto, no pueden influir en las decisiones de su grupo parlamentario (ECR), formado por 62 miembros.

Lorenz pidió también al Tribunal que no tenga en cuenta el argumento del espionaje con el programa Pegasus a políticos independentistas que utilizó la defensa de Puigdemont para pedir la anulación del suplicatorio porque este no es más que un caso de "persecución política". "Pegasus no tiene pertinencia en el caso de hoy", dijo Lorenz.

Las alegaciones de Puigdemont

Por su parte, la defensa legal de Puigdemont ha defendido este viernes que la reforma para la derogación del delito de sedición que se tramita en España tiene por objetivo facilitar la entrega del líder independentista a la justicia española lo que, a su juicio, pone en evidencia la "persecución política" que sufre y refuerza la necesidad de mantener la inmunidad que le asegura el escaño como eurodiputado.

"Es público y notorio que varios ministros y el propio (presidente del Gobierno, Pedro) Sánchez, han estado diciendo que los cambios en la legislación son para obtener la entrega de Puigdemont a España", ha expuesto el abogado Gonzalo Boye durante la vista celebrada en Luxemburgo.

"¿Cuántos cambios en códigos penales en los Estados miembro conocen para obtener una euroorden?", ha preguntado Boye a los seis magistrados que componen la sala del Tribunal General europeo que examina el caso, cuya sentencia --ante la que cabrá recurso-- e espera para el primer trimestre de 2023, aunque no hay fecha fijada aún.

Además de apoyar su alegato de persecución política para tratar de defender que los eurodiputados deben conservar su inmunidad parlamentaria, la defensa de Puigdemont ha expuesto la derogación de la sedición para reforzar el argumento de que es un delito que no está tipificado en todos los Estados miembro por lo que no debería ser válido para ejecutar las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) que pesan sobre ellos.

También ha apuntado que, si se concluye la reforma en España, "habría que analizar" las consecuencias para los tres eurodiputados, en especial en el caso de Clara Ponsatí que sólo es reclamada por el delito de sedición, a diferencia de Puigdemont y Comín, a los que además de este delito son reclamados por malversación.

La defensa asimismo ha puesto en duda que el Tribunal Supremo sea la autoridad judicial competente para tramitar los suplicatorios que el Parlamento Europeo aprobó en marzo de 2021 para que los tres políticos independentistas puedan ser juzgados en España; al tiempo que ha cuestionado la imparcialidad de la comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos responsable de redactar los informes que avalaron la suspensión de sus inmunidades y que fue refrendado por el pleno de la Eurocámara.