Se aplicarían excepciones para permitir la entrada en territorio comunitario de ciudadanos de la UE o residentes de larga duración que regresen a casa, así como para miembros de su familia y del personal diplomático destinado en la UE. También al personal sanitario o científicos que estén trabajando en una cura y a personas que trabajen en un país vecino y deban cruzar la frontera para ello.
Asimismo se permitirá la entrada para el transporte de bienes, puesto que "el flujo de bienes a la UE debe continuar para asegurar el suministro, incluyendo cosas esenciales como productos farmacéuticos o comida, pero también elementos que necesiten las fábricas", según explicó von der Leyen.
Estos límites a los viajes considerados "no esenciales" se aplicarán por un periodo inicial de 30 días que podría ser prolongado si es necesario, explicó.
Para que la restricción sea efectiva, Bruselas considera que tendría que ser también aplicada por los cuatro países no comunitarios que forman parte del espacio de libre circulación Schengen: Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.
Von der Leyen anunció la propuesta en una rueda de prensa junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, tras una videoconferencia con los socios del G-7, a los que ha informado de esta iniciativa.
La alemana explicó que durante el pasado fin de semana ya se trasladó la medida a la mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios, que mostraron un "fuerte apoyo" a la iniciativa que el Ejecutivo comunitario espera dejar finalizada mañana durante la cumbre telemática.
La medida debe ser aprobada por cada uno de los Estados miembros, señaló Michel.
Von der Leyen añadió que ha hablado de la cuestión con Noruega y Suiza, países que han introducido medidas similares a esta y que consideraron "muy positivo" que sus ciudadanos también queden incluidos en el esquema, según dijo.
El Eurogrupo no adopta nuevas medidas
Por otro lado, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) no acordaron este lunes medidas adicionales para paliar el golpe económico del brote de coronavirus, aunque cifraron el impacto de las acciones fiscales ya adoptadas en el 1 % del PIB y se comprometieron a tomar más si fuera necesario.
"Tomaremos cualquier acción política coordinada y decisiva que sea necesaria, incluyendo medidas fiscales, para apoyar el crecimiento y el empleo", dice la declaración aprobada por el Eurogrupo tras una reunión por videoconferencia, cuyo contenido pasa revista a las medidas ya anunciadas a nivel nacional y comunitario.
En la misma señalan que las medidas fiscales adoptadas hasta ahora por los Veintisiete representan de media el 1 % del PIB para apoyar a la economía en 2020, al tiempo que se ha aprobado proporcionar liquidez por al menos el 10 % del PIB, a través de esquemas de avales públicos y aplazamiento del pago de impuestos.
El Eurogrupo acordó mantener contactos telemáticos de forma semanal de ahora en adelante para seguir la situación.
