Tebas, contra la libertad de expresión

Javier Tebas creció en el fútbol desde la defensa, como abogado, de equipos modestos. Fue trepando y llegó a la presidencia de la Liga de Fútbol Profesional. Sus antecedentes políticos eran conocidos. Perteneció a Fuerza Nueva y en el puesto que ocupa hubo momentos en que hizo creer que se había reconducido y empezaba a aceptar democráticas. Pero la cabra tira al monte. Finalmente ha acabado por mostrar su auténtica imagen. Y no es que haya declarado que es votante de Vox y que se alinea en esta corriente, sino que en un programa deportivo ha confesado que es partidario de la censura a los periodistas.

En el programa de la COPE, con Juanma Castaño de entrevistador, defendió la idea de que los periodistas no pueden hacer las preguntas que les parezcan oportunas a los jugadores en los partidos de fútbol. Tebas llegó a afirmar que el contrato de los derechos de televisión, en el que están integrados los clubes, existe una clausula mediante la cual no se pueden hacer todas las preguntas que el informador considere oportunas. Poco menos que ha firmado un convenio en el que está comprendida la censura para que un informador no pueda preguntar a pie de campo a un jugador, además de por el partido, por su futuro y su contrato, pongamos por caso, si el profesional está en ese momento en que hay dudas sobre su futuro.

Tebas se pasa por la entrepierna la libertad de expresión. Se carga la libertad de los medios para informar a espectadores, lectores u oyentes sobre asuntos que afectan a un futbolista, independientemente de si está satisfecho por haber marcado un gol. No le se puede preguntar por otra cuestión que no haya ocurrido en el terreno de juego. Nada sobre su estado de ánimo, su situación contractual u otro tipo de relaciones.

Juanma Castaño estuvo acertado en su papel ante un individuo que, encima, pretendió crearle dudas sobre su limpieza profesional. Es lo que nos faltaba saber de un individuo a quien estas ideas se le suponían. Ya no disimula.

Posdata. Atención pregunta: ¿Es constitucional el contrato firmado por los derechos televisivos?