Fake news

Los últimos tiempos y sus acontecimientos han intensificado un debate que ya venía recalentado acerca de las fake news (en inglés, noticias falsas) en todos los foros y tribunas.

Hace todavía escasas fechas tuve la ocasión de participar en un panel organizado en el Parlamento Europeo por el Grupo Socialista junto a la New York University (campus en Florencia), en el que compartí y reforcé mi arraigado compromiso contra el discurso y la política del odio, germen de fractura social y auténtico caballo de Troya en el espectro que hace años que se cierne sobre Europa y amenaza sus raíces: el nacionalpopulismo.

En perspectiva histórica, cabe afirmar que las fake news han existido siempre. Bajo la forma de libelos, panfletos, hojas volanderas pseudoperiodísticas o pseudoinformativas, las noticias falsas de la historia han adquirido las trazas de la intoxicación, la desinformación y la insidia manipulativa, el propagandismo sectario al servicio de objetivos reaccionarios y/o totalitarios (en todo caso incompatibles con los valores democráticos), cuando no, en no pocas ocasiones, los del bulo y la burda mentira (bullshit, en inglés).

Es cierto que en los últimos años la capacidad corrosiva y desestabilizadora de las noticias falsas se ha disparado como nunca. El mal es epifenómeno de otros procesos tan reales como imparables: baste pensar en la mezcla de la globalización (la escala global de los impactos y percepciones socialmente relevantes, en este caso) y la permanentemente abierta revolución tecnológica e informacional (la aplicación de nuevas y sofisticadas tecnologías para la prosecución de objetivos políticos por medio de la comunicación de contenidos tóxicos, manipulados y falsos).

Hace tiempo que sostengo en mis escritos como constitucionalista que la revolución científica e informacional impone desafíos verdaderos, y con una envergadura carente de precedentes, a las categorías más clásicas del constitucionalismo: los derechos fundamentales más preciados para la Constitución  (es el caso de la dignidad personal en que se basa el estatuto de ciudadanía en democracia) exhiben su vulnerabilidad ante esas nuevas herramientas digitales en la red: ni la privacidad ni la confidencialidad resisten ante su penetración por las redes sociales; ni la intimidad acredita ninguna inmunidad ante ellos (art. 18 CE); ni el derecho a recibir, comunicar y transmitir “información veraz” (art. 10 CE) se sujeta a las mismas garantías en la comunicación  en red; ni la dignidad personal (art. 10.1 CE) puede defenderse como antes ante las nuevas formas de intervención sobre el genoma humano; ni la libertad y seguridad (art. 17 CE) disfrutan de inmunidad frente a la cibercriminalidad.

Y es cierto que muchas amenazas provienen de actores no estatales (Non-State Actors), frente a los que los blindajes del Derecho y sus instituciones se manifiestan retardadamente (van por detrás en el tiempo) o abiertamente impotentes (buena parte de la criminalidad organizada transnacional elude la acción efectiva de las Law Enforcement Agencies -los organismos que aseguran la ejecución y cumplimiento de la Ley-, estableciéndose así en un “lado oscuro de la fuerza” donde campea su impunidad.

Pero también es verdad que buena parte de las fake news se fabrican y propalan ahora con más fuerza que nunca, con la intermediación y cooperación decisiva de poderes fácticos o de instituciones que actúan al cobijo de Estados reconocidos y consolidados en la comunidad internacional.

La denuncia de las fake news se ha hecho un lugar común en los discursos populistas… ¡que son los que más los practican! Es el caso descrito por el populismo reaccionario que ha llevado a Donald Trump nada menos que a la Casa Blanca: ¡Usando y abusando de las fake news, el presidente Trump no deja de presentarse como “víctima” de noticias fabricadas contra él!

Pero la fabricación de fake news sirve cada vez más a objetivos políticos desestabilizadores de las democracias constitucionales que durante la Guerra Fría (1948-1990) vinieron siendo conocidas como “occidentales”.

La recuperación de la metáfora de la “Guerra Fría” que contrapuso durante décadas dos alianzas geoestratégicas en contraposición antagónica -de un lado, la liderada por los EEUU; de otro, la capitaneada por la extinta URSS y luego la Federación Rusa- vive hoy una “segunda vida” en la medida en que se acumulan las evidencias de que la Rusia de Vladimir Putin se ha convertido hoy en una insaciable maquinaria de propalación de fake news que sirven al objetivo de debilitar internamente a los actores globales que operan sobre sociedades abiertas constituidas legalmente en democracias pluralistas. El objetivo es fracturar y perjudicar así la capacidad estratégica de las democracias “occidentales”, entre las que figuran todos los Estados miembros de la UE (entre ellos, España), y la propia UE.

Este es obviamente el caso de la injerencia descarada de fake news (de matriz rusa) en la delirante ascendencia del nacionalpopulismo y del secesionismo en Cataluña, así como de la injerencia perpetrada por hackers rusos en las recientes campañas presidencial americana, presidencial francesa y federal en Alemania.

El aspecto más inquietante de esta ascendiente ola de preeminencia de fake news en la conformación de los estados de opinión pública reside en su conmixtión con las retóricas de odio… y sus corrosivos efectos sobre la salud democrática. Discurso y política del odio crecen en toda la UE. Llevándoselo todo a su paso. Estigmatizando colectivos y enteras categorías de personas al objeto de su señalamiento como chivos expiatorios en alguna demenciada espiral de discriminación (y desviación de atención respecto de otros problemas cuya ocultación o preterición se persigue): ya sean judíos, musulmanes, gitanos, subsaharianos, extranjeros, todos… inmigrantes, refugiados, conciudadanos europeos de algún otro Estado miembro al que se quiere señalar como “enemigo” o “culpable” de algún malestar, sea éste real o artificialmente alimentado….

La UE tiene el deber de disparar todas sus alertas contra esa política del odio. El Parlamento Europeo y su comisión LIBE (Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior), de la que fui Presidente la pasada legislatura (2009-2014), ha urgido repetidamente a la Comisión Europea a adoptar la iniciativa legislativa penal contra el odio y la discriminación, actualizando penalmente su Decisión Marco de 2008.

Urge la legislación y urge la educación (contra el odio y en favor de la aceptación respetuosa de la diferencia y la integración de la diversidad). Pero también urge el coraje, más necesario que nunca: para levantar la cara y la voz en el Parlamento Europeo frente al embate del fascismo, del nacionalpopulismo y del energumenismo de una rampante amenaza de extrema derecha reaccionaria y de política del odio a la que sirven las fake news.