La Ley defiende al ciudadano (también frente a su Gobierno): su desobediencia, NO

 

Avanzamos hacia el 1-O sin que nada permita conjurar el riesgo de que se materialice el “choque de trenes” largamente anunciado en el escenario de los horizontes probables. Es la desembocadura de un guion prescrito de antemano por los secesionistas. Frente a él, el Gobierno del PP no ha variado un ápice su estrategia de contención, basculando exclusivamente en recursos jurisdiccionales. Ninguna iniciativa política. Se limitará a impugnar cada acto de las instituciones catalanas que lesione el orden constitucional, invocando el efecto mecánicamente paralizante del artículo 161.2 CE. En caso de desobediencia -desacato doloso- se deducirán acciones penales individualizadas.

Los secesionistas catalanes han anunciado, por su parte, que no tendrán por oídas las resoluciones del TC. Ni se sentirán concernidos, ni las obedecerán. No aceptarán tampoco destitución como consecuencia de los autos o sentencias que la desautoricen.

El cuadro así descrito conduce en sus últimas consecuencias a la combinación de tres síndromes diagnosticados hace tiempo: populismo, hipocresía victimista y martirología impostada (dolosamente buscada).

A este cuadro de situación quieren añadirle ahora la apelación a un “movimiento en las calles” (“movilización” contra las resoluciones de los tribunales, lo llaman, como si éste figurase entre los derechos fundamentales que la Constitución ampara) de “desobediencia civil”. Se alude con ello a un consciente (ergo doloso) desacato de leyes y sentencias de los tribunales (incluido el TC) bajo el argumento de que conflictúan con su concepto de “democracia” reducido al mandato de las urnas.

No hay tal “mandato de las urnas”: ninguna mayoría simple de votos (que ni siquiera es numéricamente superior a la de los electores que no votaron por fuerzas independentistas) puede conculcar las formas, los procedimientos y las garantías que hemos acordado entre todos para la legitimación de la toma de decisiones y su carácter vinculante.

No hay “democracia” reducida a la regla de la mayoría. Democracia es garantía de la función de oposición, tutela de la minoría y protección judicial (por una justicia independiente) de los derechos individuales (ergo fundamentales). Todos estos componentes han sido sistemática y recurrentemente violados por llevar adelante el guion secesionista.

Y no hay “desobediencia civil”, sino incumplimiento consciente y doloso de la ley: tal y como explicó su precursor pionero, Henry David Thoreau (1817-1862), ésta exige asumir las consecuencias plenas del incumplimiento de una norma en aras de la exaltación de un principio constitucional superior.

Sí que hay una coincidencia de la secuencia catalana con los episodios más regresivos de la deriva reaccionaria que sacude a la UE y alcanza su próximo en Hungría y en Polonia: el desprecio por el TC y por las resoluciones judiciales, por la independencia de la Justicia, por la separación de poderes y por las reglas definitorias del Estado de Derecho y los principios fundacionales de la UE.

Las instituciones garantes deben  actuar en defensa del derecho y de la dimensión europea de los ciudadanos de Cataluña. Está en juego evitar tanto la emulación como la disolución de la UE como idea y como construcción en Derecho.