No a la secesión, si al reconocimiento

2017 ha arrancado con una acumulación de citas congresuales de los principales partidos con representación parlamentaria, algunas de ellas atrasadas a consecuencia de la prolongada parálisis que atenazó 2016. La premisa asumida es la de que este año 2017 se presenta practicable para celebrar Congresos y debatir liderazgos -a cara de perro en la izquierda, lo que resulta triste y al mismo tiempo expresivo de un síndrome de “izquierda caníbal” que nos revisita desde las profundidades de la doliente historia contemporánea de España-, en la medida en que se asoma, por fin, un año “libre de elecciones”.

Pero que no haya elecciones a la vista no significa que no avancen hacia nosotros, como en la cuenta atrás de un reloj inexorable, algunos desafíos mayúsculos. Un abrupto empeoramiento del entorno internacional de una globalización irreversiblemente interpolar, causado por el brutal estreno de Donald J. Trump en la Presidencia de EE.UU, no invita a optimismo alguno: frente a quienes conjeturan que de su estilo faltón y ofensivo contra cualquiera que se le ponga al teléfono podría surgir el “revulsivo” que tanto echábamos de menos para la reunificación de la UE en la defensa común identidad distintiva, baste esa primera señal que, conforme a la ley de Murphy, provino de la “Cumbre” de Malta (Consejo Europeo informal del pasado 3 de febrero).

Tampoco en la arena española -la “política doméstica”- parece cobrarse consciencia del descomunal envite en que se nos ha embarcado a todos los españoles de las generaciones vivas a cuenta de la hoja de ruta del “propio” soberanista. De esto debemos hablar, y mucho. Y es lamentable que, a cuenta de los calendarios de Congresos que concentran las energías y discursos de las formaciones con mayor representación en las Cortes (PP, PSOE, Podemos y C´s), dé la impresión de que, como en el poema clásico, “mentre Roma discutte, Cartago ci sfida e ci brucia”: mientras el secesionismo quema, muchos de cuantos debieran prever, actuar y responder...aún están tocando el violón.

Consterna constatar, en efecto, que ese bloque dirigente de élites catalanas que han conformado hace años una “consociación” (término que en ciencia política define una conglomeración heterogénea y multiforme de fuerzas que garantizan mayoría parlamentaria desde ideologías y programas que en condiciones normales debieran confrontar y oponerse: Junts Pel Sï, PDeCat, ERC, Ipc-lv, más la CUP...), amenaza como nunca no sólo la unidad de España sino la capacidad integradora del orden constitucional del Estado autonómico tal como lo hemos conocido y practicado durante más de 35 años.

En ninguna democracia de las de nuestro entorno se entendería, de otro modo, que una formación de orientación conservadora intensamente permeada de intereses empresariales y burguesía confesional (la antigua CiU, hoy PDeCat) se haya conjurado con la antigua IU, con los Verdes, con Podemos y En Común, o la antisistema CUP para plantear de consuno un destructivo pulso a lo que le llaman “el Estado”: un pulso en realidad dirigido a cuantos todavía abogan por una integración de la singularidad catalana en una España común, que no divida, segregue ni excluya las identidades múltiples y ciudadanías compatibles de una sociedad abierta incardinada en la UE y en la globalización.

Y ahí los tenemos, ya. Nos hemos dado de bruces con los procesos penales abiertos contra Artur Mas y sus ex consellers Joana Ortega e Irene Ridau, bajo la acusación de desobediencia (al TC) y prevaricación (por organizar la “consulta” del 9 de noviembre de 2015 a pesar de su ilegalidad y prohibición expresa).

Tanto este enjuiciamiento penal como el que luego vendrá contra el exconseller y actual diputado en el Congreso, Francesc Homs, y otros jerarcas inculpados por promover el “procés” con dolosa indiferencia de su contravención de una orden constitucional y una legalidad sin la que ninguna invocación de la “democracia” en las “urnas del derecho a decidir” puede ser aceptable sin garantía de los derechos de cuantos se opongan a tal modo de obrar de sus propios gobernantes en desprecio de la ley que nos asegura a todos, pueden, sí, ser discutidos, en el foro del Derecho y en el de la opinión pública. No han faltado, en efecto, voces significativas (entre los comentaristas y otros actores políticos) que aboguen públicamente por distinguir la crítica política a esos actos respecto de la (cuestionada) calificación delictiva que esos comportamientos puedan o deban merecer, concluyendo incluso algunos que, en puridad estrictamente jurídica, no debiera conducirse a una condena penal sino al reproche político y social que reclama la división y frustración a la que se encuentra abocado en su callejón sin salida el amenazador horizonte de una secesión unilateral con violación del Derecho interno, europeo e internacional, y condenada por tanto al no reconocimiento, ni por la UE (vinculada por sus Estados miembros, España, para empezar) ni por la comunidad internacional.

Yo mismo me he mostrado crítico, en diversos escritos, con la reforma de la LO del TC, que, adoptada por la mayoría absoluta del PP en la recta final de la pasada legislatura -la misma de sus abusos e imperdonables atropellos (2011-2015)-, ha transmutado al TC en una suerte de Tribunal Correccional con potestad sancionadora sobre mandatarios díscolos y/o reos de desacato a su jurisprudencia.  Pero lo que ahora encaramos no es una crítica jurídica a una modificación legal, sino algo diferente y cualitativamente peor: la confirmación a la brava (tantas veces presentida, y sobre la que también he escrito, de que la delirante “hoja de ruta” del procés asume y da por descontada la “glorificación” y “heroificación” de quienes desde los poderes públicos en Cataluña -los mismos que traen causa de la Constitución y el Estatut (¡sí, el de 2006, que está, no se olvide, vigente!)- deslegitiman farisaicamente con sus palabras y sus actos tanto la Constitución como el “Estado” social y democrático de Derecho por ella fundado. Lo hacen con procacidad y descarada contumacia, sí: como si sus potestades, sueldos, nóminas y demás atributos de los que han disfrutado sin freno durante sus mandatos (la ciénaga del 3%) les hubiesen sido conferidos por algún “Derecho natural” o “sujeto soberano” de “decisión” (democrática) por encima de las leyes y del deber de respetar el derecho de convivir de cuantos no piensen como ellos y no se manifiesten dispuestos a dejarse atropellar sin oponer su voz ni su resistencia al respecto.

Esa suerte de papilla indigesta en la que se congestiona ahora (cuando las patologías largamente presentidas se encuentran ya tan avanzadas) ese desafío taimado y continuado en el tiempo que, en un artículo reciente, Jorge de Esteban  ha calificado de “golpe de Estado permanente” (rememorando la diatriba de Mitterrand contra De Gaulle a cuenta de la Constitución francesa del 58), es clave para comprender el victimismo infatuado de automartirologio, y perseguido a conciencia, con el que quienes se sientan ahora como acusados ante un proceso penal han buscado ese banquillo como se sueña con la gloria.

Y también ello contribuye a que la situación carezca de precedentes, tal es su enorme y amenazadora gravedad. La desdichada desembocadura de los comportamientos políticos que determinaron la suerte de aquel 9 de noviembre debe ser tomada en serio: huelga reiterar aquí la enorme responsabilidad contraída por el historial de un PP que, en su “todo vale para tumbar a Zapatero”, explotó un día sí y otro también un anticatalanismo insensato en pos de una mayoría absoluta mesetaria (la que finalmente obtuvo en noviembre de 2011) omitiendo todo compromiso con sus terribles consecuencias y daños colaterales para la convivencia.

Huelga asimismo censurar aquí de nuevo el récord de desencuentros, desaciertos y omisiones del luego Gobierno del PP que, desde 2011 hasta hoy, sin previsión ni enmienda, han hecho ya inexorable el anunciado “choque de trenes” en que ni el tantas veces mentado artículo 155 CE (citándolo erróneamente sin conocer sus contenidos) ni ninguna otra opción constitucional de esas varias que muchos jamás pensamos que fuesen a aplicarse nunca resulte hoy descartable.

Lo he escrito y argumentado en numerosas ocasiones: sólo una reforma constitucional negociada y pactada por los principales partidos desde y para toda España -una reforma que asegure y pacifique el reconocimiento expreso de la singularidad catalana- podría  tender a estas alturas un puente de conexión hacia un futuro de unidad en la diversidad. Reforma constitucional votada por todos los españoles y un Estatut votado por todos los catalanes (lo que es la única manera de ejercitar el derecho a decidir jurídicamente existente, conforme a la Constitución y las leyes, con todas las garantías), federalismo, ciudadanía compatible e identidades múltiples en convivencia en España, con Cataluña dentro.

A cuantos nos preguntan todavía a estas alturas “de qué federalismo” hablamos cuando hablamos en España, habida cuenta de los “muchos federalismos que animan la experiencia federal”, la respuesta es terminante: será “nuestro federalismo”; el nuestro, el que pactemos, el que nos demos por acuerdo y que no imite a ningún otro. Pero me cuento entre muchos socialistas europeos hondamente convencidos de que el reconocimiento de la singularidad catalana (y de la intensidad de su voluntad de autogobierno) tendrá que ser parte del puente hacia el futuro de España si es que los españoles, con los catalanes dentro, queremos seguir unidos.