Rule of Law: retrocesos en Polonia, desafío a toda Europa

Durante el Pleno de Estrasburgo del Parlamento Europeo celebrado en la semana del 24 de octubre, se debatió intensamente el inquietante síndrome de retrocesos democráticos y proliferantes amenazas al Estado de Derecho a todo lo largo y ancho de la UE. Importa no poder de vista que los arts. 2, 3, 4 y 6 del TUE, tal como entraron en vigor con el Tratado de Lisboa (TL) en 2009, proclaman los antes llamados “criterios de Copenhague”. Se alude, bajo esta expresión, a las reglas de admisión a las que deben sujetarse los eventuales candidatos a la adhesión en la UE, que fueron cristalizadas por el Consejo celebrado en 1993 bajo presidencia danesa: Estado constitucional de Derecho, separación de poderes, democracia representativa, pluralismo político, independencia judicial, garantía de derechos, protección de minorías... y capacidad de adaptarse a las reglas y exigencias del Mercado Interior.

A rebufo de la interminable crisis que arrancó en 2008 y que hemos venido en llamar Gran Recesión europea, cronificada en sus efectos por la exasperación de las desigualdades, los valores fundantes de la integración europea han sido también corroídos por la regresión nacionalista y los espectros populistas que redefinen el paisaje de la democracia en la UE, haciéndola retroceder en calidad y densidad de modo cada vez más alarmante por indisimulado. La berloscunización de la política tuvo su aldabonazo en la República Italiana, de la mano del magnate/bufón que se empadronó de la política transalpina desde su imperio mediático, pero ha sacudido fronteras que no se ciernen, como muchos podrían presumir en una visión superficial, a los Estados Miembros (EE.MM) de más reciente adhesión y endeble cultura democrática (los de la hornada de 2004 y ampliaciones sucesivas), sino que contamina, y por lo tanto amenaza, a la calidad democrática y al imperio de la ley (regla del Rule of Law).

En este último grupo, el de los países que acceden a la UE a partir de 2004, todas las alarmas sonaron cuando, en Hungría, la abrumadora mayoría del Fidesz de Victor Orban (ultranacionalista y ultraconservador, miembro distinguido del PPE europeo, en el Gobierno desde 2010) abrió paso a una cadena de reformas constitucionales de claro signo antieuropeo (si es que no directamente eurófobo) que achicaron los espacios del pluralismo político y de la oposición hasta equipararse en la práctica a un régimen de partido único en que el Ejecutivo controla con mano férrea al TC, a la Justicia, a la Fiscalía, a los medios de comunicación y a los hasta entonces órganos de control “externo” (Ombudsman, Junta Electoral...), para hostigar sin descanso a cuantos osen oponer su discrepancia o disidencia. Es la apología orbanista de la llamada (por Orban) “illiberal democracy”, nada más ni nada menos que exaltación de una supuesta “democracia antiliberal” (¡!!!).

De la “putinización” de Hungría se ha derivado con prisa la “orbanización” de Polonia, el país de mayor población (40 millones de habitantes) y peso específico entre los de reciente adhesión, y animador (con Hungría, y sus corifeos en Eslovaquia y la República Checa) del hoy denominado “Grupo de Visegrado), contrapedal en el Consejo de cualquier esfuerzo dirigido a acentuar la integración europea en el área de derechos fundamentales y en el Espacio de Libertades, Seguridad y Justicia (arts.67 a 89 del TFUE) tal y como lo establecía como Derecho vinculante el mismo TL con el que se comprometieron todos los EE.MM (incluidos los hoy díscolos y en abierta rebeldía a la dimensión supranacional de la gobernanza europea).

Tan preocupante contexto dio lugar, en el curso de la anterior Legislatura del Parlamento Europeo (2009-2014), en la que tuve el honor de presidir la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior (la Comisión LIBE), a un encendido debate acerca de la contradicción que media entre los llamados “criterios de Copenhague” a los que deben ajustarse los aspirantes al Club (antes de su adhesión de pleno derecho en la UE) y la ausencia de instrumentos para examinar la vigencia del Estado de Derecho y de la democracia una vez que ya están dentro del Club (EE.MM de la UE).

Esta asimetría dio en llamarse “dilema de Copenhague”, y para resolverla, la Comisión LIBE, bajo mi presidencia, y la Comisión Europea, bajo impulso de Vivianne Reding como entonces Comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales, decidió en 2014 el establecimiento de una llamado “Mecanismo del Estado de Derecho” (acompañado de un examen comparativo de independencia judicial con medidores objetivos, Justice Scoreboard). El hoy llamado “mecanismo del Estado de Derecho” prevé un proceso en tres fases (comunicación de infracciones a alguno de los criterios de calidad democrática y garantía de derechos; “diálogo” con la Comisión para explicar o corregir las anomalías o retrocesos; y eventual activación del procedimiento orientado a las sanciones previstas en el art.7 TUE, incluyendo la suspensión o retirada de los derechos de voto en el Consejo del Estado examinado).

Desde entonces y hasta ahora, el Rule of Law Mechanism ha venido confrontando las enconadas resistencias de los gobiernos refractarios a tomar en serio los derechos y libertades consagrados en la Carta que entró en vigor con el TL revestida del mismo valor jurídico que los Tratados (art.6 TUE), además de los principios que fundan las tradiciones constitucionales comunes como normas vinculantes para los EE.MM bajo la garantía jurisdiccional del Tribunal de Justicia con sede en Luxemburgo.

Pues bien, desde estas coordenadas, mi intervención en el debate del último Pleno de Estrasburgo (martes 25 de octubre) se dirigió singularmente contra quienes protestan contra este, a mi juicio, oportuno y necesario mecanismo del Estado de Derecho, alegando tecnicismos como  los de “falta de base jurídica” o la “subsidiariedad” sólo para esconder u ocultar sus sobrevenidos (y recrecidos) prejuicios contra los fundamentos mismos de la Unión Europea. La misma que prometieron observar y cumplir cuando ratificaron el TL y el acquis communautaire.

Porque -entiéndanlo bien, y acéptenlo de una vez- el ahora llamado “mecanismo del Estado de Derecho” no es una amenaza a la tradición constitucional de ningún Estado miembro, sino una garantía de refuerzo del Derecho de la Unión... ¡De una UE que, no se olvide, es algo más que un mercado!

En esta Unión Europea cronificada, en efecto, en la peor crisis de su historia (merced, no se olvide un momento, a su pésimo manejo y a sus abyectas y contraproducentes respuestas a cada episodio de la crisis), estamos sufriendo retrocesos en la calidad democrática y en la densidad de las reglas del imperio de la Ley. Hemos asistido alarmados a pavorosas restricciones a la independencia judicial en algunos Estados miembros, intervenciones restrictivas del pluralismo democrático y del pluralismo informativo; ataques contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; regresiones del respeto a las minorías étnicas, culturales, religiosas... más allá del crescendo de hostigamiento desenfrenado a las formaciones que actúen como oposición política.

¡Por no hablar, cómo no, de las actuaciones contrarias (y la permanente y tóxica mirada negativa) contra los derechos de los extranjeros, incluido, tristemente, los derechos de los ciudadanos de otros Estados miembros (como es el caso alarmante de las agresiones crecientes a ciudadanos comunitarios en Reino Unido tras el Brexit), en una desenfrenada ola de nacionalismo reaccionario y de populismo xenófobo, eurófobo, y aun hoy rampante!

Desde el corazón de las instituciones europeas, somos muchos los que denunciamos, activa y argumentalmente,  la evidencia de que estamos ante una Unión Europea que castiga implacablemente una desviación de una centésima del déficit… (¡esa amenaza de multa contra España y Portugal!)… ¡pero que ignora o da la espalda ante retrocesos democráticos o ante la involución en los valores fundacionales de la Unión Europea!

Hungría, Polonia, Italia, Reino Unido, Alemania, Francia, España….en toda la extensión de la UE, el hoy llamado “mecanismo del Estado de Derecho” no es una ninguna amenaza contra la democracia: es una garantía.