¿La Unión? Gravemente herida

Cada año, el primer Pleno de septiembre en el Parlamento Europeo (Estrasburgo) arranca con el llamado Debate sobre el Estado de la Unión. La legislatura europea 2014-2019 cruza su ecuador y enfila su segunda y decisiva mitad. La Gran Glaciación europea que inició en 2008, lejos de haberse superado, se ha cronificado y multiplicado en su terrible complejidad. La ausencia de crecimiento, altos niveles de paro y desigualdades crecientes se entremezclan con la generalización del malestar entre Estados y dentro de los Estados miembros (EE.MM). El auge de los populismos, la contaminante expansión de la regresión nacionalista y de la tentación de enarbolar banderas de la extrema derecha (islamofobia, gitanofobia, xenofobia, eurofobia…), han desinflado de consuno las ambiciones proclamadas en el Tratado de Lisboa (2009). Brexit es, así, un síntoma.

Las más acuciantes dimensiones de la crisis (ausencia de una voz común ante una vecindad problemática, Rusia, Ucrania, Turquía, Oriente Medio, la orilla sur del Mediterráneo…, junto a la crisis humanitaria mal llamada “de los refugiados”…), desafían a la UE en su médula espinal. Los incumplimientos cada vez más clamorosos de los principios de cohesión, solidaridad y responsabilidad compartida atentan contra otros mandatos del Tratado de Lisboa, todos ellos desdichos por la actuación de los EE.MM.

Desde el inicio de la crisis vengo insistiendo en la claridad del diagnóstico: tan catastrófica y abyecta gestión de la crisis, aplicada con tanta contumacia como indiferencia ante sus estragos, no es consecuencia de ningún error ni accidente, sino de una política impuesta por una correlación de fuerzas que debe ser combatida y enmendada. Nada de lo que ha pasado ha sido por falta de ideas ni de alternativas (la literatura sobre el desastroso manejo de esta crisis y sus alternativas disponibles es inabarcable a estas alturas), sino por una insultante falta de voluntad política para corregir el rumbo, y por ausencia de liderazgo y convicción por parte de la Comisión (guardiana de los Tratados) para exigir a los gobiernos de los EE.MM que cumpliesen y ejecutasen lo pactado y rubricado cuando firmaron el Tratado de Lisboa.

Especialmente gravosas han sido las consecuencias de tan prolongada crisis existencial de la UE sobre el estado de revista de la socialdemocracia, que tradicionalmente incorporó la alternativa de centro izquierda y de izquierda al centroderecha y derecha que inicialmente encarnó la democracia cristiana y luego el Partido Popular, primera fuerza de la UE. La deplorable imagen de la “Gran Coalición” propalada por los socialdemócratas del SPD desde Alemania bajo el liderazgo de Merkel (CDU-CSU) ha perjudicado y lastrado la credibilidad de los Partidos socialistas y socialdemócratas a todo lo largo y ancho de Europa.

En Alemania, la alternativa de izquierda aritméticamente posible (SPD-Verdes-Linke: la Coalición Roji-Verde) fue desechada desde el inicio de la actual legislatura federal (2013-2017). En Italia, Matteo Renzi gobierna también en coalición con el centro derecha acunado en su día por Berlusconi. Solo en Portugal, Antonio Costa ha sido capaz de construir un Gobierno cuyos apoyos aglutinan a tres formaciones de izquierda que consiguieron revocar el inicialmente desalentador veredicto de las urnas que dio a los conservadores de Pedro Passos Coelho la primera posición como fuerza más votada y con mayor número de escaños tras las últimas elecciones portuguesas (2015).

La principal diferencia entre el paisaje político portugués y el español reside, como es evidente, en una triste especificidad española: mientras que en Portugal el eje de confrontación es exclusivamente ideológico (derecha/izquierda), en España se yuxtaponen los antagonismos ideológicos con las confrontaciones identitarias: de un lado, las fuerzas que propugnan la integración constitucional de la diversidad; de otro, las que confrontan “fragmentos de soberanía” territorializada en tensa pugna con los que compartimos todos los españoles. La pulsión secesionista que se disfraza bajo el mantra falsamente “democrático” del “derecho a decidir” (una desviación demótica del principio democrático sobre la que me he extendido en otras ocasiones) ha actuado, en la práctica, como una barrera impeditiva para la formación de un gobierno polifónico de izquierda que pueda efectivamente sacar al PP del Gobierno y a Rajoy de la Moncloa. Lamentablemente, ese y no otro es el balance de la ocasión perdida en la pasada elección del 20D de 2015.

Nunca el futuro de España, desde la democracia, había dependido tanto de la cuestión catalana, la seriedad de cuyo deterioro no puede ser subestimada ni por un segundo. Lo que está ocurriendo en Cataluña -y va para cinco Diadas- es de extrema gravedad: la confrontación de identidades desafía no solo la resistencia de la Constitución -hace mucho tiempo que esto es evidente, es un coste sobreentendido- sino también, sobre todo, el círculo de identidades compatibles en que se basa el derecho de la ciudadanía en democracias abiertas, y, consiguientemente, la convivencia y los puentes para el entendimiento de la complejidad. Y todo bajo el señuelo ucrónico y regresivo de la “soberanía”, -¡soberanía!”, otra vez-, lo que quiera que sea esa “soberanía” o lo que todavía quede de ella en la globalización.