El otro mito del consenso constitucional

Estos días de noviembre se cumplen 39 años de la muerte del General Franco, la proclamación de Juan Carlos I y la apertura de ese ciclo que dio en llamarse “Transición”. Coincide esta efemérides del tiempo trascurrido -prácticamente las mismas cuatro décadas que duró la dictadura- con una ofensiva nunca antes conocida de desmitificación de aquella misma Transición.

Aunque muchos de los españoles vivos no fuéramos “protagonistas” de aquel tiempo -apenas seríamos niños o adolescentes los nacidos en los 60, que seguimos siendo la franja más gruesa de la pirámide de población de la sociedad española, ahora en el entorno de los 50-, seguramente somos otros tantos millones los que encontramos no sólo injusta y falaz sino también ofensiva la descalificación global de aquel período como un “apaño entre élites” que dio lugar “desdichadamente” a un nuevo “régimen”: el “del 78″. Éste, que todavía dura.

La democracia constitucional inaugurada en diciembre de 1978 no es desde luego ningún “régimen” en el sentido denigratorio y con la vocación derogatoria con que ahora se la infama desde el discurso simplificador de Podemos. En esos años, España ha visto no sólo germinar las libertades sino también habituarse al pluralismo político y a la desconcentración y descentralización del poder político como nunca antes en nuestra historia. Cierto que “el poder” no reside sólo en los gobiernos -nacional, autonómicos y locales- sino en otras instancias económicas, financieras, empresariales y mediáticas que no se someten al escrutinio de las urnas. Pero las urnas en España han funcionado como nunca.

Con todo, la revisión de los llamados “mitos” de la Transición ha conocido últimamente una virulencia también desconocida.

Si se leen atentamente los textos de los dirigentes de Podemos -un ejemplo: “Disputar la democracia”, de Pablo Iglesias- se observa con claridad que el hilo conductor de su debelación del así llamado “régimen del 78″ descansa en un paralelismo -artificioso, históricamente sesgado- entre la Restauración canovista que dio lugar a la Constitución de 1876 y sus cuatro décadas de turnismo entre conservadores (Cánovas y sus epígonos) y liberales (Sagasta, y los suyos…) hasta el golpe de Estado y de la Dictadura del General Primo de Rivera en 1923: ¡Recuérdese, no fue la II República el colapso del turnismo, sino aquella dictadura!

Esa desmitificación de la Transición arranca de una conjetura contrafactual, si es que no directamente ucrónica. Pero de tanto repetirse está siendo asimilada por cada vez más gente en un entorno de confusión, memoria flaca y desmemoria. Se trata de la hipótesis de que entonces -¡hace 40 años!- hubiera sido posible la “ruptura” y no la “reforma”. Y de que, por consecuencia, habría sido entonces posible apostar directamente por la República y el federalismo, en tenso debate cuando menos, con el confederalismo y el derecho de autodeterminación de los pueblos del “Estado español”.

Es un despropósito lucubrar que eso no fue posible porque así se conjuró una amalgama de “élites” y “cliques” endogámicas ¡PSOE y PCE incluidos! De acuerdo con estas tesis, el conjunto de las fuerzas sociales y sindicales y la dirección de los partidos que emergían de la clandestinidad y en la oposición al franquismo habrían confirmado entonces la pomada de “la casta”. Aunque ello suponga ignorar que el PCE impulsó la “Junta Democrática” mientras el PSOE apostó por su alternativa, la “Plataforma Democrática”, bajo la presión de converger en una llamada “Platajunta”.

Lo históricamente cierto es que en ninguno de esos vectores se abrió paso entonces la hipótesis de una “ruptura” que abocase directamente a la confrontación insurreccional con los decadentes aparatos regimentales del franquismo, con el mando reaccionario del Ejército de entonces, y bajo el fuego cruzado de la violencia instigada desde el “Bunker” (la extrema derecha inmovilista y la violencia de los grupúsculos fascistas) y los terrorismos de ETA, GRAPO y FRAP (entonces todavía activos).

Sí que hay, y persiste, sin embargo, un “mito” de la Transición que debe ser desmontado. Este “otro mito” es el que pretende que el “consenso constituyente” -atmósfera en que se alumbró el pacto constitucional- fue entonces la premisa del ciclo constituyente. Y que consiguientemente sigue siendo ahora la premisa irrenunciable de cualquier operación de reforma constitucional.

Pero no. La historia enseña otra cosa. Aquel “consenso” no precedió a la Constitución de 1978. Hubo que trabajarlo minuto a minuto, día tras día, durante años intensos -1976-1978-. Con esfuerzo, sudor, sacrificio y renuncias, en buena parte debidos al cruce de miedos recíprocos y temores compartidos ante la perspectiva de desastre colectivo en caso de que no se abriesen espacios para un acuerdo.

El consenso no fue previo a la Constitución: fue el precipitado de la voluntad de acordar desde el mutuo reconocimiento de los actores políticos diferenciados y de sus posiciones enfrentadas.

La lección es clara: es absurdo pretender que “no puede acometerse ahora una reforma de la Constitución” porque “no hay consenso previo”.

Si en 1976 se hubiera argumentado así, la Constitución del 78 no hubiera sido posible dos años después. Ese consenso habrá que trabajarlo de nuevo. Con las lecciones aprendidas durante estos 40 años. Y desde la madurez democrática conquistada desde entonces.

Hay que ponerse manos a la obra. El acuerdo no cae del cielo. Pero cualquier alternativa al acuerdo es, sin duda, peor: desentendimiento cronificado; crispación; esclerosis institucional; inmovilismo; petrificación del descontento; desafección democrática y malestar social.

1 comentario
  1. Ciudadano says:

    No era concenso previo, era espíritu de consenso y ganas de consensuar.
    Saludos

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