La clamorosa superación del PACTO del 78 pide a gritos otro acuerdo

Si no fuera por su gravedad, produciría hilaridad la desfachatez con que el Gobierno del PP vende su estrategia procesal de impugnaciones suspensivas de los actos de la Generalitat de Cataluña ante el Tribunal Constitucional (TC), por toda respuesta ante los retos y los atolladeros a los que su inmovilismo nos ha abocado a todos los españoles.

La secuencia jurídica descrita no contiene ninguna novedad. Ninguna respecto del abc que cualquiera que se haya leído la Constitución y la LOTC puede describir al milímetro: la sola impugnación constitucional por el Gobierno de un acto -cualquiera que sea, legislativo o no- produce su suspensión por el TC siempre que aquél invoque el art. 161.2 CE.

Así se explicó mil veces por el Gobierno Socialista del que fui ministro frente al entonces renombrado Plan Ibarretxe… y no hizo falta más.

Y todo ello, a pesar de la enormidad del ruido y la furia de aquellos días. A pesar de las apelaciones del art. 155 CE (supuesto “botón nuclear” de una fantasmagórica suspensión de la autonomía a la que el art. 155 CE no hace ninguna referencia en absoluto), habituales entonces en la prensa y tertulias de la derecha. A pesar incluso de la derogación de aquel absurdo tipo penal de “convocatoria ilegal de referéndum” en el Código Penal, que, como ministro de Justicia, cumpliendo un compromiso electoral del PSOE, derogué por innecesario y contraproducente (los tipos penales de desobediencia a una resolución judicial; prevaricación; malversación de fondos públicos, incluso de sedición, se bastan y sobran para reprimir cualquier desviación de poder de un mandatario autonómico)… A pesar de todo ello, digo, el Plan Ibarretxe fue frenado democráticamente con una amplia mayoría en contra en el Congreso de los Diputados… y, una vez “fuese, y no hubo nada”… no llegó la sangre al río.

Las disparatadas invocaciones a la “desobediencia” -no ya digamos a la “violencia en la calle”- están, por descontado, completamente fuera de lugar. Toda resolución del TC -cualquiera que sea la crítica que merezca su composición o las impugnaciones interpuestas ante él- deben ser acatadas so pena de que el edificio constitucional estalle por los aires en una irresponsable espiral de voladura no controlada, sin que tengamos un repuesto ante tantos desperfectos.

No hace falta evocar los episodios de Macià en 1931 y Companys en 1934 -con la contraproducente proclamación del “Estat Catalá”- para saber que acabar con el rosario de la aurora no es una opción practicable.

Más pronto que tarde hay que retornar a la cordura, el único camino posible, que es el de la conversación y la negociación para la reapertura de un ciclo constituyente que de una vez acomode la identidad catalana, su singularidad, su “hecho diferencial” con pleno reconocimiento. Aceptado, por lo tanto, y reconocido por todos. Por todos los españoles y refrendado por todos. Por todos los españoles.

Para embarcar a España y a la ciudadanía en una operación de tanta envergadura hace falta liderazgo. Mucho liderazgo. De modo que si un servicio deben prestar aún, en estas circunstancias dificilísimas, los llamados “partidos de la transición” (los “del 78″), ése es precisamente el de impulsar aquí y ahora un gran cambio constitucional, concitando para ello las voluntades necesarias en la sociedad española.

La propuesta federal del PSOE desempeña aquí un papel fundamental. Como promotor de un acuerdo, que, es cierto, ya no podrá ser como “el del 78″. Pero que deberá relanzar el crédito a las instituciones y su capacidad de servir a un país atribulado, y conectar con su gente.

Ya sé que hay un fondo de verdad en la protesta recurrente con que buena parte de la sociedad catalana despacha su objeción: “¿Cómo vais los socialistas a sacar adelante ninguna reforma constitucional… si para eso os hace falta el voto del PP y el PP se opone por principio a toda reforma constitucional?”

Precisamente por eso hay que derrotar con contundencia al PP para que un nuevo liderazgo de la derecha política se empape de una vez de la democracia de la que carece en su organización (elijan a su líder en primarias) y conecte con las ansias de cambio hoy mayoritarias en la sociedad española, cada vez más cabreada contra el inmovilismo y el resistencialismo.

Un último apunte: “¿qué es eso de federar?”. Nos preguntan a menudo, retadoramente.

Repito la respuesta correcta: federar es pactar. Y hacerlo en la Constitución.

Federar es, por lo tanto, constitucionalizar el acuerdo, el pacto de reconocimiento de nuestra diversidad y sus singularidades. El Estado Autonómico no está en la Constitución: se hizo posible después de la Constitución, con los EE.AA y la jurisprudencia del TC.

Va siendo hora de que pactemos en la Constitución nuestros reconocimientos mutuos. Es la única manera de reintegrar Cataluña. De recuperarla para un acuerdo para seguir viviendo juntos, superando su deriva centrífuga y secesionista en que los iluminados de un lado y los inmovilistas de enfrente nos han encajonado a todos.