Más cacicadas del PP: de la fatiga a la náusea

Es cierto que la Gran Recesión (2008-2014) que ha sumergido a la UE en la peor crisis de su historia ha acentuado en España la desafección y el hartazgo en que se concreta la pérdida de confianza y crédito de la política. La fatiga de materiales que hace tiempo padece el edificio constitucional establecido desde la Transición y la Constitución de 1978 ha tenido en esta crisis una formidable espuela, equiparable a una manguera de gasolina que ha hecho que lo que un día fueron llamas y rescoldos, se haya convertido a esta alturas en un pavoroso incendio en el que se abrasan el orden de convivencia y las reglas que en su momento nos dimos para el juego democrático.

Todo ha empeorado – ¡y cómo! – por la mayoría absoluta que el PP obtuvo en las urnas del 20-N de 2011, no por sus propios méritos ni por su crecimiento electoral, sino por el derrumbamiento del Gobierno socialistas de entonces y por la deliberada desmoralización y fragmentación de la izquierda y los votantes progresistas. Desde entonces, de la mano de esa continuada borrachera de prepotencia, arrogancia antisocial y despotismo antidemocrático de la mayoría del PP, se han sucedido los atropellos más escandalosos contra los derechos sociales y contra las libertades que se recuerdan desde el restablecimiento de la democracia.

Corolario insoportable de esta secuencia lo es ahora la cadena de “reformas electorales” perpetradas con oportunismo (así, Castilla-La Mancha) o con las que se nos amenaza en la Comunidad de Madrid, Galicia, Murcia… y en el entero mapa municipal español, al cínico rebufo del mantra de la “elección directa de alcaldes”.

La propuesta que hemos conocido es contraria a la Constitución. No sólo contraria a sus valores (principio democrático, art. 1.1), sino a sus reglas de juego (art. 140 y 141) y a sus principios fundamentales: pulveriza el consenso desde el que se construyeron en su día las reglas electorales en los mapas locales, autonómicos, nacional e, incluso, europeo, y todos los acuerdos contenidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985 y sus sucesivas reformas, que nunca antes fueron decididas a capón ni a golpe de la exclusiva mayoría absoluta del Partido del Gobierno.

Que el PP amenace con imponer una reforma electoral con su sola mayoría absoluta y contra todas las demás fuerzas políticas -como ya ha hecho Cospedal con su caciquil pucherazo en Castilla-La Mancha- no es solamente una vergüenza. No es sólo antidemocrático. Es inconstitucional; conflictivo con el art. 140 CE, con los principios representativo y mayoritario; y con el valor superior del pluralismo político en el ordenamiento jurídico tal y como lo ha interpretado durante años el TC.

Lo más grave de todo es que, una vez más, el PP sabe muy bien lo que está haciendo. Es lo que ha venido a hacer. Y lo hace porque sabe que no volverá a obtener mayoría absoluta en los mapas municipales y autonómicos el próximo mes de mayo de 2015. Por eso se está apresurando a blindar sus actuales plazas de poder con la banderita de la gaviota, sin reparar en mientes ni en costes morales o sociales sobre una sociedad hastiada de maniobras de tahúres de una “política profesional” diseñada y ejecutada de espaldas a las entendederas de la ciudadanía y de su sentido común en el momento en que menos dispuesta está a soportar atropellos como éste.

Al PSOE le cumple asumir su responsabilidad ineludible de promover una nueva fase constituyente. Y disponerse a liderarla, para relanzar un nuevo estadio de convivencia democrática. Donde las desviaciones y los abusos en que ha degenerado la mayoría del PP y del Gobierno de Rajoy resulten, en el futuro, impensables y, aun mejor, imposibles.