Secesión, federalismo y Constitución

La UE no es, ni ha sido nunca, una unión de naciones autoproclamadas, sino una Unión de Estados miembros. Aunque algunos llevamos mucho tiempo en el empeño, lo cierto es que este mensaje sólo muy recientemente ha comenzado a hacerse suficientemente audible y lo bastante visible.

La agitación concitada entorno al secesionismo catalán ha dado lugar a mil debates, espiralizados cada uno en varios círculos concéntricos. Pero si todavía a estas alturas hubiera que rebobinar para sintetizar dónde radica todavía ese equívoco originario, -esa mistificación de la que las demás distorsiones traen causa-, ese sería seguramente el que concierne al llamado “derecho a decidir”.

Se trata sin duda de un gran asunto semántico. La lexicología política fábrica de vez en cuando semantemas que se venden solos, y este parece ser el caso. Su aparente irrefutabilidad ­ “pero ¿cómo? ¿acaso niegas nuestro derecho a decidir?… ¿y tú te llamas demócrata?”­ esconde, sin embargo, perversiones del lenguaje que no deben ser transigidas sin oponer otros argumentos.

Para empezar, no es verdad que la democracia consista en “decidir” cualquier cosa, ni hacerlo en cualquier momento, ni hacerlo de cualquier manera. Para que las decisiones que se adopten desde un cuerpo político colectivo y todas sus vinculaciones puedan ser aceptadas, es imprescindible que lo sean conforme a reglas de juego previamente acordadas y por todos asumidas. Cualquier otra cosa nos aboca a la inacabable dinámica de la acción y la reacción.

No, no es verdad que en “democracia podamos “decidir” cualquier cosa en cualquier momento: las leyes democráticamente legitimadas nos protegen, afortunadamente, frente a la arbitrariedad de una decisión -aun cuando sea respaldada por un voto mayoritario- que viole las reglas de juego previamente asumidas para decidir qué, cómo y cuándo. Si como ciudadano o miembro de un colectivo, veo mis derechos o intereses conculcados por una decisión no conforme a las reglas vigentes, podré verme abocado a “contradecidir” al día siguiente de esa previa “decisión” con la que no estoy de acuerdo. Lo que incluye mi derecho a organizarme para resistir contra ella, contraatacarla o revocarla, en una espiral sin fin respecto de la violación de la ley que originariamente dio lugar al desafuero.

Desde el punto de vista jurídico, nadie discute hoy que la secesión unilateral de un territorio frente a un Estado miembro de la UE no sólo no tiene respaldo ni asiento constitucional en ningún país de Europa, sino que también conlleva inexorablemente la salida de ese territorio (con todos sus ciudadanos dentro) del ámbito de aplicación del Derecho de la UE. Cualquier pretensión en contrario se incardina en el terreno de la burda propaganda y de la manipulación.

Un ensayo reciente -”El derecho de secesión en la UE- del profesor Medina Ortega, catedrático emérito de Derecho Internacional, explica de manera precisa, lúcida y clarificadora, el historial de precedentes y términos de comparación que permiten concluir sin sombra de duda alguna que ni el Derecho Europeo alienta ni consiente la permanencia en la UE en un territorio que incursiona en la declaración unilateral de independencia. Ni es tampoco indolente ante la integridad territorial de los Estados miembros en cuanto éstos forman parte de su propia “identidad constitucional”. (art.4 TUE)

De modo que una secesión unilateral del Estado miembro de la UE conduciría a su ex fragmento a la condición de “tercero” eventualmente sujeto a las reglas de adhesión, a la negociación de sus 36 protocolos, y, tras su completamiento satisfactorio, a nueva incorporación al Derecho Europeo tras superar la unanimidad (es decir, el veto) de todos y cada uno de los socios de la UE, (art. 49 TUE)

¡Asombra que hayan tenido que producirse una cadena de pronunciamientos explícitos por parte de los portavoces de las autoridades europeas -Barroso y Van Rompuy incluidos – para recalcar lo que es obvio y de dominio público desde los fundamentos de la integración europea!

Ahora, dicho todo lo anterior, el problema político existe y no se va a disolver con meros argumentos jurídicos ni recursos al TC ni con la admonición del art.155 CE. El genio no está desatado y no va a regresar a la botella. Es preciso actuar y hacerlo políticamente. Dialogando, tendiendo puentes para la negociación y el acuerdo.

El inmovilismo del PP solo puede ser enjuiciado a estas alturas como netamente reaccionario. Por refractario a los cambios cada vez más presentidos como simplemente inevitables por una amplia mayoría de la sociedad española.

Y por contraproducente respecto a la ya impensable desactivación sin más del malestar real que ha venido germinando en una parte muy extensa de la sociedad catalana respecto del status quo.

En cambio hay una propuesta que quiere reconstituir federalmente España, y en la que su identidad nacional y pueblos pueden seguir conviviendo. La federalización de la Constitución -con una revisión profunda de los pactos del 78- es la tarea y el tema impostergable de nuestro tiempo; para decirlo con Ortega. Y somos varias las generaciones que debemos involucrarnos a fondo en su prosecución y su éxito. Nos va en ello la razón de ser de España y, como consecuencia, la de su propio papel en el reflotamiento del federalismo en Europa.

Federalismo y constitucionalismo están vinculados en la historia. Así se reveló en el origen de los EEUU, primera gran democracia constitucional del mundo. Así ha de serlo una vez más en España y en Europa en el futuro inmediato.